Chihuahua, Chih.- Pese a que normalmente el impago de las prestaciones a la base de trabajadores de la educación de la Sección 42 del SNTE se atribuye a la falta de voluntad por parte del gobierno del estado, también existe una interpretación que sitúa a la administración estatal que coloca al Ejecutivo en una verdadera encrucijada tanto desde el punto de vista jurídico como económico de difícil resolución sea cual sea el camino que tome. Para empezar, existe el presunto finiquito de la Ley General del Servicio Profesional Docente a las prestaciones "tradicionales" -ratifificada por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente- y, además, la resolución de un tribunal colegiado de Cholula , Puebla, respecto a los amparos indirectos presentados por el SNTE en 2013 que echa por tierra la "irretroactividad" del 14 constitucional y deja el camino libre y el cheque en blanco para que la Reforma Educativa entierre los derechos de los docentes. Pero además existiría un segundo inconveniente, no menos importante, de índole y carácter económico para el gobierno. Y es que las 970 prestaciones que figuran en las listas de la Sección 42 y que en las listas de las autoridades podrían ser hasta mil 111, adeudadas desde 2013 y 2014 -ya con la Comisión Mixta de Escalafón sepultada por las autoridades estatales y sindicales - supondría una inversión de 59.5 millones de pesos sólo hasta el 31 de mayo de 2015, y de 220 millones de pesos si además se reviven por completo y se mantienen vigentes hasta la actualidad. En las cuentas oficiales reconocerlas hasta hoy supondría un gasto anual de 250 millones lo cual fuentes bien informadas aseguran que haría tronar a Pensiones Civiles del Estado.
Si bien el Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla y establece claramente el principio de la irretroactividad de la ley, analistas apuntan que en este caso la imposibilidad de afectar a las prestaciones "tradicionales" del magisterio no aplicaría tras la sentencia del Tribunal Colegiado de Cholula, Puebla, tras meter el SNTE amparos indirectos en contra de la Reforma Educativa en 2013.
Recuerdan que el SNTE empezó a promover en toda la República pequeñas demandas colectivas en defensa de los derechos de los trabajadores que fueron atraídas por el Tribunal Colegiado de Cholula, mismo que confirmó el criterio del tribunal primario de circuito en contra del SNTE en su defiensa del 14 constitucional en materia de prestaciones.
Previo a la entrada en vigor de la LGSPD y el fatídico 31 de mayo de 2015, hay que recordar que en septiembre de 2013 feneció la Comisión Mixta de Escalafón, por acuerdo de autoridades como los entonces Secretario de Educación y Deporte, Pablo Espinoza, el secretario general de la 42, René Frías Bencomo, secretario de Hacienda Jaime Herrera Corral y gobernado César Duarte Jáquez, quedando sin efectos el órgano que otorgaba las prestaciones entre el magisterio estatal, dejando sin la validación pertinente a los docentes que adquirieron sus derechos entre 2013 y 2015, sin realizarse tampoco la armonización de las prestaciones.
Lo que sí estaría claro es que los maestros estatales que obtuvieron o accedieron a derechos como la Clave L entre septiembre de 2013 y el 31 de mayo de 2015 las tendrían garantizadas por ley pese a la inexistencia de la citada Comisión Mixta en virtud del décimoprimero transitorio de la LGSPD que da de plazo a los estados hasta 31 de mayo de 2015 para publicar programa de promoción de incentivos. Pese a que la autoridad, según pudo conocer El Puntero, estaría dispuesto a pagar estas prestaciones, los supuestos beneficiarios deberían acreditarlo nuevamente al no haber existido una supervisión y autorización de la Comisión Mixta.
No obstante, para el pago a destiempo de estas 970 prestaciones pendientes de las que habla la Sección 42 las autoridades se encontrarían también con la barrera del artículo 261 del Código Penal Estado que sanciona a los servidores públicos que destinen o desvíen recusos, esto teniendo en cuenta que en la Ley de Coordinación Fiscal, no existe en los años 2017 y 2018 una partida que financieramente permitiera asumir el costo del pago de estas prestaciones.
Para las autoridades, no acatar dichas disposiciones legales e intentar pagar las prestaciones supondría a todas luces una doble negociación, proceso que también prohibe la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 26 A y 26 B.
Ante esta tesitura, hay quienes señalan que la administración actual está atada de brazos para dar cumplimiento a esa prestación, ya que por un lado no puede incumpir el 261 y por otra la imposibilidad de realizar una negociación paralela por la Ley de Coordinación Fiscal.
Es en base a estas premisas por las que las autoridades estatales, tal y como dio a conocer el propio gobernador Javier Corral Jurado hace dos días, estarían dispuestos a poner el caso en manos de un tribunal laboral y si éste reconoce y resuelve que las prestaciones están vigentes, ya tendrían una mandato judicial que les permitiría saltarse las legislaciones anteriormente referidas.
Entre los partidarios de esta opción afirman no comprender por qué el SNTE no quiere que sea un tribunal laboral el que de manera imparcial decida, asegurando que las prestaciones no se negocian o se deciden en los tribunales, sino que hay órganos competentes, cuando en 2013 el SNTE Nacional ya habría recurrido a un tribunal para defenderlas del impacto fatal que sabía que la Reforma Educativa iba a tener sobre ellas.
LA VERTIENTE ECONÓMICA Y LA INSOSTENIBILIDAD PARA EL ESTADO
Ante la situación anteriormente descrita, las autoridades chihuahuenses se encontrarían ante una encrucijada con solo dos caminos de salida, pagar las prestaciones pendientes hasta el 31 de mayo de 2015 (970 según la Sección 42) y finiquitarlas en esa fecha - a lo cual el sindicato no estaría dispuesto- , o revivirlas por completo y otorgarles un reconocimiento permanente.
Para el pago de esas 970 prestaciones pendientes, que podrían elevarse a 1,111 según fuentes de la SEyD ( 117 casos de L Plus, 27 casos de Esquema, 375 casos de Escalafón, 70 de 3/4 de Tiempo y 522 casos de claves L1, L2 y L3) hasta la fecha de 31 de mayo de 2015 supondría un monto de casi 60 millones.
Volviendo a la teoría de los dos caminos, las autoridades tendrían dos caminos. El primero, el del pago único, como si se tratara de un documento de finiquito de la prestación, hasta mayo de 2015, ante lo cual el magisterio estatal estallaría preguntándose dónde está su prestación adquirida y defender que tienen derecho a ella hasta su jubilación.
Esta alternativa ya habría sido planteada por las autoridades al secretario general de las Sección 42 del SNTE, Ever Avitia Estrada, cuya negativa habría sido categórica y sin margen de discusión con un comentario del tipo "no, no, no, lo están entendiendo muy mal, no es finiquito.
Segunda vía. Que el gobierno como autoridad tome todo un sistema prestacional "prácticamente dormido", lo renonozca y lo reviva agregando a los 59.5 millones para saldar el adeudo hasta el 31 de mayo de 2015 otros 220 millones para cubrir el pendiente con ese millar de maestros correspondiente a los siete meses restantes del 2015, todo el 2016, todo el 2017 y lo que va de 2018.
Esto dando lugar a un marco de aproximadamente 250 millones anuales en prestaciones por reconocer, que autoridades aseguran que acabaría con los fondos de Pensiones Civiles del Estado y haría quebrar la institución este mismo 2018.
¡EL PROBLEMA CRECE! SI SE SUMA MIL CLAVES L ESTUDIADAS FUERA DE CHIHUAHUA A INSTANCIAS DE EX SECRETARIO
Según analistas jurídicos, para la obtención de la Clave L se requería el haber cursado indispensablemente la Licenciatura en Educación Básica y además que hubiera sido en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Pero con la desaparición de esta titulación de la UPNECH con la entrada de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se vendría un problema de futuro agregado y también de difícil solución.
Fuentes conocedoras del mundo magisterial señalaron a este portal que conocedor de esta eliminación, el por entonces aún secretario general de la 42, René Frías Bencomo, emplazó como a otros mil maestros - que no figuran en las listas -que cursaran la Licenciatura en las unidades de la UPN en Durango o Monterrey, y que una vez terminada él supuestamente les arreglaría para que las autoridades les reconocieran la Clave L.
Es por ello que en el escenario de revivir las prestaciones y reconocerles su vigencia hasta la actualidad obligaría a las autoridades educativas chihuahuenses a aceptar a estos otros mil maestros que estudiaron y obtuvieron su derecho a Clave L en fecha posterior a mayo de 2015.
