Juzgado Octavo de Distrito concede amparo a Gabriel Sepúlveda y ordena restitución de su sala y salario

Chihuahua, Chih.- El juez Octavo de Distrito del concedió el amparo al magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes e instruyó restaurarlo al frente de la Sala de Control Constitucional y pagarle el salario retenido (sólo estaba percibiendo un 30% desde el 8 de diciembre de 2017) tras considerar que el Consejo de la Judicatura violentó sus derechos al debido proceso al no haberlo citado a declarar previamente por el caso de la Bóveda Digital previo a su suspensión por un año decretada en dicha fecha. 
 
Tras varios intentos para ampararse y algo más de dos meses de suspensión en su contra, el ex magistrado presidente del TSJ logró que un juzgador federal le concediera el amparo y le restituyera frente a su sala, así como la integridad de su salario y con ello también el 70% que le fue descontado desde que el 8 de diciembre el Consejo de la Judicatura acordó suspenderlo junto al magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez ante la presunta participación de ambos en un supuesto desvio de 7 millones 123 mil pesos del a través de la simulación de un proceso para la supuesta compra de una bóveda de almacenamiento digital por parte del TSJ. 

Este amparo derivada de un supuesto mal proceder por parte de la Judicatura en su suspensión no eximiría ni libraría a Sepúlveda de su responsabilidad en el caso, ya que el amparo no es en contra de la causa penal en sí. 

Recapitulando los hechos recientes del caso, Sepúlveda Reyes y Ramírez Alvídrez fueron suspendidos inicialmente por el periodo de un año mientras la Fiscalía General del Estado llevaba a cabo la investigación referente a la presunta simulación o compra fraudulenta realizada en el marco programa implementado por el gobierno federal bajo la denominación  “Fideicomiso 2211 para la Implementación de Justicia Penal en las Entidades Federativas” en el 2014 y que habría sido aprovechado para desviar más de 7 millones de pesos.

Según la información trascendida, el 1 de julio del 2015 el gobierno de César Duarte habría firmado un contrato de fideicomiso con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por 14 millones 246 mil 888 pesos "para la adquisición de la bóveda de almacenamiento digital que contiene los videos y audios de las audiencias de juicios orales del Poder Judicial". 14 millones que de los que la mitad los aportó la Federación y la otra mitad los aportaría el Poder Judicial, a través de la Secretaría de Hacienda. 

Tres días después de haber tomado posesión como magistrado presidente del TSJ, el 11 de diciembre, Gabriel Sepúlveda "convocó a una sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior de Justicia donde planteó la conveniencia de aprovechar el fideicomiso para la adquisición de la bóveda de almacenamiento digital. El Pleno aprobó la afectación de los recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia a través de un acuerdo".

Sin que hubiera licitación pública de por medio, el proveedor Sistemas de Información, S.A. de C.V. (Infocom) habría entregado al gobierno del estado dos facturas el 30 de diciembre de 2015, cada una por siete millones 100 mil pesos, monto que suma 14 millones 200 mil pesos.

Una primera factura indicaba el concepto “50% de anticipo del sistema integral de bóveda de información de acuerdo a especificaciones detalladas del contrato SH/AD/136/2015” y una segunda por el “50% restante del sistema integral de bóveda de información de acuerdo a especificaciones detalladas del contrato SH/AD/136/2015”.