Chihuahua, Chih.- Tras el histórico acuerdo el pasado sábado en la noche entre el gobierno central y el del estado de Chihuahua como consecuencia de la Caravana por la Dignidad, el coordinador ejecutivo del gabinete de Javier Corral Jurado, Gustavo Madero Muñoz afirmó que el plazo aceptable para que la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores soliciten la inmediata detención con fines de extradición del ex gobernador César Duarte Jáquez sería durante esta semana que recién comieza.
Después de que destacara que en el acuerdo "se precisa que es la solicitud de detención inmediata con fines de extradición, ¿qué quiere decir? que en cuanto se dé a conocer esto Estados Unidos debe proceder a detenerlo y luego corre el tiempo para poderlo extraditar y esto es un proceso que también es un gran logro", a Madero se le preguntó por cuál sería el plazo que el gobierno estatal estaría aceptando para llevar a cabo la solicitud.
Su respuesta fue: "Se fijó el plazo de una semana para la entrega de los 900 millones de pesos, yo creo que ese mismo plazo puede aplicar para girar las órdenes de detención con fines de extradición".
Madero reconoció que debido a que se partía de una indudable situación de distanciamiento y de desconfianza del gobierno de Chihuahua hacia la Federación se optó por plasmar por escrito los acuerdos y darles lectura pública y conjuntamente. Enfatizo que Corral logró el cumplimiento de las dos principales exigencias de la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor que, según Madero, "no era más que le correspondía a Chihuahua"
"Que se cumpla y cuando hay una solicitud de extradición que se proceda, lo que pasa es que se cumplieron, llevaban ya 150 días y no han procedido con la solicitud de extradición con fines de extradición", aseveró, precisando que el acuerdo implica que este paso se haga por el total de las 11 órdenes de aprehensión presentadas ya contra el mandatario chihuahuense.
Ello, manifestó, sin dejar de lado el segundo logro de la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor consistente en la restitución de los 900 millones de pesos que de forma unilateral la Federación le retuvo a Chihuahua.
