- Alfonso Navarrete, titular de la Segob, explicó que se solicitó trasladarlo a un penal federal ante posible tortura al ex secretario general del PRI en Chihuahua, Alejandro Gutiérrez.
Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación (Segob) remarcó que el caso del proceso contra ex secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, Alejandro Gutiérrez, y la solicitud de trasladarlo a un penal federal, es un asunto judicial y no político.
El titular de la dependencia, Alfonso Navarrete, negó tener la intención de liberar al señalado, sometido a investigación por el gobierno de la entidad, por el delito de peculado agravado, asociado al presunto desvío de 250 millones de pesos hacia campañas electorales del 'tricolor'.
En declaraciones hechas en la Cámara de Diputados, donde participó en la reunión plenaria de los legisladores priístas, Navarrete Prida especificó que fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la que detectó “indicios” de posible tortura, lo que le resultó preocupante e incluso dio paso a la emisión de medidas cautelares.
Tras aseverar que el diálogo sigue y seguirá abierto con el gobierno de Chihuahua, pese al diferendo que existe con la Secretaría de Hacienda (SHCP), por el tema de la entrega de participaciones federales pendientes, el responsable de la política interior enfatizó que ese asunto está en litigio y pendiente de resolver; mientras que el caso de Alejandro Gutiérrez es estrictamente penal.
Al reiterar su preocupación por los señalamientos de posible tortura en el caso de Gutiérrez Gutiérrez, dijo que fue por ello que se solicitó trasladarlo a un penal federal, no que un juez federal atraiga su caso.
“No puede haber una búsqueda de libertad de ningún tipo, si el juez local dice: ‘No tienes derecho a la libertad condicional, a la libertad para enfrentar tu proceso’, nunca se pidió otra cosa, y desde luego no está en manos de su servidor, porque no lo está, que pueda ponerse sobre la mesa, que se desista de conocer o no de una denuncia de tortura”, aseveró.
Aseveró que su deber es solicitar la resolución inmediata del asunto y aclarar si las autoridades locales incurrieron o no en tortura; así como encontrar caminos de diálogo con el gobierno de Javier Corral, con el que hay una agenda compleja que no solo involucra los casos Hacienda y Gutiérrez, sino cuestiones de seguridad.
“Estamos entrando en Ciudad Juárez y en Chihuahua capital, con el gobierno del estado. Como pueden ver, no hay un diálogo roto, al contrario, y queremos resolver los problemas. La puerta de la Secretaría de Gobernación estará siempre abierta para cualquier gobernador”, manifestó.
“Sí está en la esfera del Secretario de Gobernación hacer notar que si tengo indicios de que alguien está siendo torturado, pues lo haga notar y que se expresen las instituciones sobre lo mismo y no tiene capacidad el Secretario de Gobernación, para políticamente expresarse sobre ese tema. Es un tema de justicia, es un tema de leyes, es un tema de pruebas”, atajó.
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