Chihuahua, Chih.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, calificó de "distorsionada" la información publicada hoy por Crónica afirmando que Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, se habría distanciado de su denuncia contra el gobierno federal. Aseguró que todo es objeto de una campaña emprendida desde el centro del país y liderada por Enrique Peña Nieto por hacer ver la denuncia como algo electoral y desvirtuar que se trata de una exigencia por la dignidad de los chihuahuenses.
Al ser cuestionado sobre el supuesto distanciamiento de Peschard referido en la ota periodística, Corral manifestó que se trataba de "información distorsionada, no fue así como lo dijo", agregando que el gobierno federal emprendió una campaña "embustera" utilizando a sus medios afines con la finalidad de llevar su denuncia "al campo electoral".
En este sentido, el gobernador chihuahuense recordó que el primero que salió a contestarle el lunes horas después de la denuncia de una manera "muy irresponsable y deshonesta" fue el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, calificando el acto como partidista.
Corral manifestó no tener ninguna duda de que todo obedecía a una estrategia del gobierno para colocar el asunto en el marco de las campañas y desvirtuar la denuncia.
Asimismo, advirtió que antes del pleito derivado de la detención, procesamiento judicial y encarcelamiento del ex secretario adjunto del CEN del PRI Alejandro Gutiérrez el gobierno les había ofrecido un convenio de saneamiento financiero por otros 120 millones de pesos para este mes de enero, agregando un elocuente "vamos a ver si también nos lo cumplen o no".
Reiteró que el gobierno de Chihuahua no iba a entrar en ninguna negociación que condicione la investigacion contra la corrupción ni su alcance, "podemos platicar o dialogar y platicar y volver a dialogar las veces que sea, pero no puede ser la investigación una moneda de cambio".
Reconoció que se aventura un ambiente complicado ante las previsiones de la hostilidad de la que va a ser objeto el estado desde el gobierno federal.
