Chihuahua, Chih.- Después de que suspendido ex presidente del Tribunal Superior de Justicia y magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes lo señalara como autor del proyecto de la Bóveda Digital por el cual es investigado por el desvío de 7.2 millones de pesos, el también ex presidente del TSJ, José Miguel Salcido Romero, aseguró a El Puntero que él no participó ni en el diseño ni en la aprobación de dicho proyecto, poniéndose a disposición de cualquier autoridad en caso de ser requerido.
Salcido Romero señaló que no quería hacer declaraciones hasta no estar bien enterado del contenido del comunicado que Gabriel Sepúlveda hizo circular entre los medios de comunicación con la intención de lavarse las manos sobre el proyecto e incriminar a su antecesor en la presidencia del TSJ.
"Lo que sí estoy en condiciones de decir desde este momento es que yo no tuve ninguna participación ni en el diseño ni en la aprobación de ese proyecto, ni mucho menos en su ejecución", aseveró.
Si bien no afirmó no tener claro si contestará a los señalamientos, José Miguel Salcido no descartó tajántemete realizar un pronunciamiento, recordando que en la actualidad se encuentra fuera del Poder Judicial y la función pública, dedicándose al ejercicio de su profesión desde el ámbito privado, y este es un tema que corresponde investigar Judicatura y Fiscalía General del Estado, mismas que hasta el momento no lo han requerido.
No obstante, Salcido Romero hizo hincapié en que se ponía a disposición de cualquier autoridad en caso de ser solicitada su personación en torno a este caso.
Cabe recordar que desde el viernes en la noche Gabriel Sepúlveda y el magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez se encuentran suspendidos de sus funciones por el Consejo de la Judicatura por el plazo inicial de un año con motivo de la investigación que la FGE llevará en su contra en relación a su supuesta participación en la simulación para el desvío de 7.2 millones de pesos a finales de diciembre de 2015.
Según la información trascendida sobre este nuevo caso de peculado, el 1 de julio de 2015 el gobierno del estado de César Duarte licitó un contrato por un importe final de 14 millones 246 mil 888 pesos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)- mitad aportados por la Federación y la otra mitad los aportaría el Poder Judicial, a través de la Secretaría de Hacienda- el precio del servicio en el mercado rondaría los 7 millones 200 mil pesos.
Fue el 11 de diciembre, apenas tres días de que Gabriel Sepúlveda llegara a la presidencia del TSJ en sustitución de José Miguel Salcido Romero cuando se aprobó en un pleno extraordinario del Poder Judicial el contrato con el proveedor Sistemas de Información, S.A. de C.V. (Infocom).
Curiosamente el TSJ le entregó a Gobierno del Estado dos facturas el 30 de diciembre de 2015, un día antes de iniciar el proceso de adjudicación cada una por siete millones 100 mil pesos, una por “50% de anticipo del sistema integral de bóveda de información de acuerdo a especificaciones detalladas del contrato SH/AD/136/2015” y la segunda por el concepto de “50% restante del sistema integral de bóveda de información de acuerdo a especificaciones detalladas del contrato SH/AD/136/2015”.
