Chihuahua, Chih.- Luego de que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro anunciara la suspensión del magistrado y ex presidente del TSJ, Gabriel Sepúlveda, por supuesto peculado, el afectado envió una carta a los diversos medios de comunicación con documentos en donde señala que la Boveda de Almacenamiento Masivo fue un proyecto desde la presidencia de Miguel Salcido Romero y se le encargó a Yamir Aguirre; indicó que José Miguel Salcido Romero nunca sometió a la consideración del pleno la autorización para etiquetar el uso de los recursos y además si es que ahora son obsoletos los equipos, en el 2015 no se tenía la posibilidad de saber que para el 2018 no serviría; añadió en el documento también que la facultad de los recursos recae en la Secretaría de Hacienda.
El comunicado indica lo siguiente:
Derivado de las desafortunadas declaración de quien hoy preside tanto al Pleno de magistrados del Poder Judicial como al Pleno de los miembros del Consejo de la Judicatura en las cuales me acusa de participar en un supuesto hecho de peculado, en donde presuntamente un servidor participó falseando información y aumentando precios de los bienes adquiridos, sin embargo, omitió el hoy Presidente del Poder Judicial, así como los diversos miembros del consejo de la judicatura en la notificación enviada a mi persona en donde se me hace saber de la situación tan ampliamente difundida por estos mismos miembros a medios de comunicación y público en general, analizar los antecedentes que derivaron en la situación que hoy presumen irregular.
Por lo anteriormente expuesto y utilizando mi derecho de replica me permito realizar las siguientes precisiones:
Desde el año 2008 el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla el otorgamiento y aplicación de recursos para consolidar la implementación del Sistema de Justicia Penal, dicho monto se distribuye entre todas las entidades federativas mediante el concurso de proyectos presentados por órganos de gobierno, instituciones, institutos o cualquier otra entidad que dentro de sus funciones participe dentro de los procedimientos contemplados en las Reformas Penales Federales implementadas en el transcurso de los últimos años.
En el caso que nos ocupa, durante la gestión del Lic. José Miguel Salcido Romero, se comisionó y señaló como responsable para la elaboración de un proyecto identificado con el nombre de: “Boveda de Almacenamiento Masivo”, el Lic. Yamir Roberto Aguirre Flores, Secretario de la Sala Familiar que preside el Lic. Leo Alvarado, mismo que fue presentado en el mes de mayo de 2015 ante la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal con la intención de someterla al concurso de los recursos que en ese año fiscal autorizo la Federación para dichos fines.
(Se añexan fotos de los documentos)
DE LA LECTURA SIMPLE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE RECURSOS ES DESTACABLE EL HECHO DE QUE DICHO PROYECTO FUE COTIZADO EN LA CANTIDAD DE $14,246,887.60 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), de igual forma, es el mismo responsable del proyecto quien solicita como fuente de financiamiento el modo de copago, es decir, 50% de recurso federal y 50% de recurso estatal.
Tal y como se muestra en la siguiente documentación, la investigación, presupuestación y elaboración del proyecto NO FUE realizada durante mi gestión.
Pero no siendo suficiente la anterior información, también omitieron incluir los presupuestos que se anexaron a la solicitud anteriormente mencionada, mismos que fueron solicitados y recibidos por el Ing. Nahim Ponce, entonces Subdirector de la Dirección de Tecnologías de Información y quien actualmente continua desempeñando las mismas funciones, la primera cotización expedida por Mexicana de Telecomunicaciones por un monto total de $14,246,887.58 (catorce millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y siete pesos 58/100 M.N.) de fecha 28 de mayo del año 2015, y la segunda por parte de la empresa EZ Comunicaciones por un monto total de $14,493,092.20 (catorce millones cuatrocientos noventa y tres mil noventa y dos pesos 20/100 M.N.) de fecha 19 de mayo también del año 2015, fecha en la cual el Presidente del Tribunal Superior de Justicia era el Lic. José Miguel Salcido Romero y no un servidor.
Dicha información fue remitida durante la gestión del Lic. José Miguel Salcido Romero a la instancia Federal conocida como Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justician Penal, lo anterior con la finalidad de que concursara por los recursos necesarios para llevarla a cabo, sin embargo, también omiten los miembros del Consejo de la Judicatura mencionar, que el Lic. José Miguel Salcido Romero nunca sometió a la consideración del pleno la autorización para etiquetar el uso de los recursos correspondientes al copago en caso de que el proyecto fuese autorizado por la Federación.
Es claro, con lo anteriormente expuesto y con la documental que se presenta, que UN SERVIDOR NO PARTICIPÓ EN NINGUNA DE LAS ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO, SU COTIZACIÓN, SU VIABILIDAD O SU PERTINENCIA, por lo que resulta imposible suponer que mi participación en el supuesto acto delictivo consistió precisamente en la de “inflar los precios”, en palabras del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Siguiendo el mismo orden de ideas, el 21 de agosto del año 2015, mediante el oficio identificado como DF/SADF/153000/324/2015, el Gobierno del Estado es notificado que, dos de los proyectos presentados por parte del Estado resultaron beneficiados para recibir recursos del Fideicomiso 2211 por un monto total de $19,961,637.00 (diecinueve millones novecientos sesenta y un mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.), que correspondían al 50% del costo total de los proyectos identificados como “Bóveda de Almacenamiento Masivo” y “Edificio de Defensoría”, por lo que, DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO FEDERAL, EL ESTADO Y EN ESTE CASO, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DEBÍAN APORTAR EL EMPATE DE LOS RECURSOS TAL Y COMO FUERON APROBADOS PARA DICHOS PROYECTOS, ES DECIR, EN UNA APORTACIÓN POR LA CANTIDAD DE 19,961,637.00 (diecinueve millones novecientos sesenta y un mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.), de acuerdo a lo presupuestado por el propio personal del Tribunal Superior de Justicia varios meses antes de que el suscrito fuera designado Presidente, por lo que no participé en forma alguna en la elaboración y presupuestación del proyecto, que además ya se encontraba aprobado por SETEC, que es la instancia Federal que revisa, analiza y dictamina si el proyecto presentado es o no viable y no el Poder Judicial, información pública que puede ser consultada en cualquier momento no sólo por los miembros del Consejo de la Judicatura, sino por la ciudadanía en general, ya que las reglas y políticas para la operación y concurso de estos recursos son publicadas año con año en el Diario Oficial de la Federación.
Ya en mi calidad de presidente, se me informó, que de acuerdo con las reglas de operación vigentes para la aplicación de dichos recursos aprobados desde el mes de agosto, debía llevarse a cabo el deposito de la cantidad correspondiente al 50% del costo total de los proyecto beneficiados, a efecto de que el órgano encargado pudiera llevar a cabo los procedimientos administrativos de adquisición o contratación que correspondían, TODA VEZ QUE EL RECURSOS DEBÍA SER COMPROMETIDO DURANTE EL AÑO 2015 O SE TENDRÍA QUE REINGRESAR DICHO RECURSO A LA FEDERACIÓN. Debido a lo anterior se incluyo en la sesión de plena de fecha 11 de diciembre el punto correspondiente a la autorización por parte del mismo para la transferencia de los recursos a la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado, fideicomitente único de la Administración Estatal, para que esta a su vez los aportara al fideicomiso estatal, situación que se explico y analizo a todos y cada uno de los magistrados que forman parte del pleno, OTORGANDO POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE DICHO RECURSO. Por tal motivo, en mi calidad de Presidente, de conformidad con la fracción XI del artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua que a la letra dice que es obligación del Presidente “Proveer lo necesario para que los acuerdos tomados por el Pleno sean ejecutados con la inmediatez debida.”, tenía la obligación de cumplir con la decisión que por unanimidad los Magistrados habían tomado en el Pleno para cumplir con mi obligación legal.
Es la Secretaria de Hacienda la que ejerce las funciones de ejecutor del fideicomiso conforme al artículo tercero, fracción VII del Decreto número 511/2014 IV P.E. expedido por el H. Congreso del Estado que crea el “FIDEICOMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA”, en el que señala que es facultad del Comité Técnico, del cual el titular de la Secretaría de Hacienda es el Presiente, instruir a la Fiduciaria para que a cargo del patrimonio fideicomitido efectúe los pagos aprobados y aprobar la contratación de personal, proveedores y prestadores de servicio que se requieran para la realización de los fines del fideicomiso y es esta quien realiza todos los procedimientos licitatorios y de contratación necesarios para ejercer los recursos obtenidos mediante los concursos de proyectos, POR LO QUE EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA CARECE DE FACULTADES Y COMPETENCIA PARA INTERVENIR EN FORMA ALGUNA DE LOS ASUNTOS QUE SON FACULTAD EXCLUSIVA DE UNA INSTANCIA DE OTRO PODER, resultándome imposible legal y físicamente, inmiscuirme de manera alguna en los procesos de control, ejecución o administración que la Secretaria realiza o realizó para la adquisición de los bienes contemplados en el proyecto elaborado, concursado y autorizado en una administración que no fue la mía, por lo que todas las observaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura con respecto al proceso licitatorio, es claro y notorio que fue realizado por personal adscrito a la Secretaria de Hacienda, que no se encontraba y nunca se encontró bajo mi autoridad inmediata.
Ahora bien, con lo que respecta a la entrega de los equipos, el Consejo de la Judicatura alega en su comunicado, que dichos equipos son obsoletos y podrían no cumplir con los objetivos del proyecto presentado, al respecto es necesario aclarar que las personas que participaron en la elaboración del proyecto original y que fue sometido a concurso a principios del año 2015 no tenían manera de saber que en el año 2018 dichos equipos serían descontinuados, y FUE ESTA MISMA ÁREA (DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN) QUIEN EN SU MOMENTO, POR TRATARSE PRECISAMENTE DEL ÓRGANO TÉCNICO COMPETENTE CON EL QUE CUENTA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, VALIDÓ LOS TRABAJOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA CONTRATADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, MEDIANTE SENDOS OFICIOS QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE, en los que se observa que en un primer momento se informó que el avance era del 80% del proyecto total, para luego, en fecha 20 de mayo informar al titular del CISPEN de la conclusión de los trabajos de forma satisfactoria, no siendo hasta ese último momento que el titular del CISPEN comunica a la ejecutora (Secretaria de Hacienda) la conclusión satisfactoria del proyecto.
Cabe mencionar que dicho personal continua desde el año 2015 ejerciendo las mismas funciones hasta la fecha, según consta en los organigramas publicados en el portal de transparencia del propio Tribunal Superior de Justicia y que son LOS QUE AHORA SEÑALAN COMO INEFICIENTE EL PROYECTO QUE ELLOS MISMOS ELABORARON BAJO EL LIDERAZGO DEL ENTONCES NOMBRADO COMO RESPONSABLE, EL LIC. YAMIR ROBERTO AGUIRRE FLORES, SECRETARIO DE LA SALA FAMILIAR QUE PRESIDE EL LIC. LEO ALVARDO.
REALIZADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y DADO POR EJERCIDO MI DERECHO DE REPLICA, ME PERMITO APROVECHAR LA OCASIÓN PARA INFORMAR QUE LAS COPIAS DE LAS DOCUMENTALES AQUÍ EXPUESTAS, SERÁN ENTREGADAS TANTO AL CONSEJO DE LA JUDICATURA COMO A LA PROPIA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
ATENTAMENTE
MGDO. GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES
