* Paradise Papers, la nueva mega revelación mundial de los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, muestra cómo el fallecido líder priista de la CTM Joaquín Gamboa Pascoe manejó 15,5 millones de dólares en cuentas offshore. Pero no es el único mexicano que aparece en los 13,4 millones de documentos de la base de datos de Appleby a la que se tuvo acceso
En febrero del 2015, Joaquín Gamboa Pascoe, entonces líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) –uno de los pilares del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, organizó un homenaje para sí mismo y develó una estatua en su honor, arropado por camaradas. Un año más tarde –en febrero del 2016- murió dejando una herencia a su esposa e hijos de no menos de 15.5 millones de dólares que ocultó durante años en paraísos fiscales.
“¿Qué? ¿si los trabajadores están jodidos yo también?”, solía responder cuando alguien lo interpelaba por sus autos de lujo. El líder sindical estaba en efecto muy lejos de los desposeídos: entre 2014 y 2015 –poco antes de su fallecimiento-recibió depósitos por millones de dólares en bancos de Alemania, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.
El nombre de este dirigente obrero, que inició su carrera en los sindicatos oficialistas desde la década de los setenta y representó a su partido en varias ocasiones como senador y diputado, fue localizado entre los 13.4 millones de registros revisados en el Paradise Papers, la nueva cobertura global organizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) con base en información conseguida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Los archivos involucraron operaciones de la firma de abogados offshore Appleby, así como información de registros de la propiedad en 19 países. Durante más de un año, 380 periodistas de 67 países revisaron esos documentos, entre ellos quienes trabajan para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Desde 1982, Gamboa Pascoe creó en Islas Caimán el fideicomiso Burma 2000 como una fachada para ocultar los movimientos de efectivo en Karin Corporation, una offshore panameña. Ambas funcionaban como capas de una cebolla; una escondía a la otra. En ese año, el líder sindical surgido de la industria textil terminaba su primer periodo como integrante de la Cámara Alta, el más importante de su trayectoria política porque llegó a ser presidente de la Gran Comisión del Senado y líder de la bancada del PRI. Era el fin del sexenio de José López Portillo, uno de los gobiernos más cuestionados por actos de corrupción.
En noviembre del 2007, el despacho Appleby recibió una carta firmada por Alejandro Gamboa, hijo del líder obrero, pidiendo que cancelaran el fideicomiso en Islas Caimán. La sociedad panameña aún está abierta.
Este dirigente obrero no fue el único mexicano que apareció en el Paradise Papers, existen otros -empresarios en su mayoría- quienes llevaron sus inversiones en paraísos fiscales.
La misma firma Appleby, que cuenta con una historia de 119 años, estuvo involucrada con uno de los grandes negocios del multimillonario Carlos Slim. La semilla de Telecom Américas fue sembrada a través de ese despacho en Bermudas, en el año 2000, cuando esa isla figuraba como uno de los paraísos fiscales más opacos. Los inversionistas acudían ahí porque no se cobraban impuestos –tasa cero- a los capitales extranjeros y se ofrecía el anonimato.
En aquel año, Slim hizo una alianza con la compañía canadiense Bell y con la estadounidense SBC Communications para expandirse en el aún incipiente mercado de la telefonía móvil. En aquellos días, apenas una de cada 10 personas contaba con un celular en América Latina.
El emporio de telefonía móvil de Carlos Slim tuvo su origen en la isla de Bermudas, donde en el año 2000 creó la empresa Telecom Americas Limited, con la cual expandió su mercado a Latinoamérica
La empresa en Bermudas inició operaciones con un capital de 2 mil 500 millones de dólares. América Móvil y Bell tuvieron en 88.6% de las acciones, mientras que SBC se quedó con un 11.4%. La aportación de Carlos Slim fue con dinero en efectivo, mientras que sus socios pusieron las concesiones telefónicas que tenían en Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia.
Apenas dos años después, Slim controló por completo la empresa en Bermudas; primero compró las acciones de sus socios y, más tarde, incorporó a sus bienes las concesiones esparcidas en otros países. Actualmente, él es el líder de telecomunicaciones en Latinoamérica y ofrece 362 millones de líneas, la mayoría móviles, en 25 naciones incluidas algunas europeas.
Telecom Americas Limited operó siete años en Bermudas. En 2007 dejaron la isla para convertirse en una empresa mexicana, según consta en una acta consultada.
En febrero de 2014 –ya instalada en México- se fusionó con Controladora de Servicios de Telecomunicaciones (Consertel), propiedad del mismo Slim. Alejandro Cantú, Director Jurídico y de Asuntos Regulatorios de América Móvil, dijo que la inversión en Bermudas fue “un acuerdo” entre los socios y que no influyó la tasa cero en impuestos para llegar ahí.
“Hubo una planeación fiscal, nada de eso es ilegal. El anonimato en Bermuda no fue lo que nos atrajo; insisto, llegamos ahí por un acuerdo entre los socios”, afirmó entrevistado en sus oficinas el pasado viernes donde mostró solo los informes ante el SAT sobre la apertura de la compañía en Bermudas.
En el Paradise Papers también surgieron pruebas sobre cómo Pemex e inversionistas extranjeros usaron la opacidad de los paraísos fiscales para pactar contratos por unos 1,000 millones de dólares usando empresas hechizas.
De la misma forma, en los documentos que se comenzaron a conocer ayer a nivel mundial quedó el rastro de cómo inversionistas extranjeros y, sobre todo, reaseguradoras trasnacionales lucraron desde esos paraísos fiscales mediante las coberturas que gobiernos de México contrataron como seguro para los desastres naturales –sismos y huracanes-, resultando en un pésimo negocio para el país ya que se han perdido millones de dólares en procesos de contratación que encima fueron discrecionales.
Además, el dueño de casi todos los delfinarios y los espectáculos con mamíferos marinos en México y El Caribe hizo circular alrededor de 460 millones de dólares por empresas offshore. Las leyes le han permitido operar casi sin restricciones.
En los expedientes del Paradise Papers también aparecen empresas ligadas a dos ex funcionarios de primer nivel: Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública con el gobierno de Vicente Fox.
Aspe es fundador de Protego Asesores, una firma que en 2016 se fusionó con Evercore México Capital Partners para establecer en la isla de Barbados la sociedad Glisco Partners Inc. Las compañías asociadas han apoyado a la renegociación de deudas de distintos gobiernos, incluido el Estado de México cuando era Gobernador el actual Presidente Enrique Peña Nieto. En Protego colaboró durante ocho años Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y actual canciller.
Alejandro Gertz, por su parte, aparece como miembro de la sociedad de inversión Jano Limited, establecida en 1995 en las Islas Caimán con su hermano Federico, ya fallecido. Gertz aseguró a Proceso –que forma parte del equipo mexicano que analizó los Paradise Papers- que no sabía de la existencia de esa sociedad, pese a que fue designado vicepresidente de la misma en 1998 y en la que aparece como beneficiario final.
Los negocios de los mexicanos localizados en paraísos fiscales están esparcidos, en su mayoría, en Bermudas, Islas Caimán, Barbados y Malta, que según los documentos contenidos en el Paradise Papers. Hay otros tantos que se encuentran las Islas Vírgenes Británicas, pero esos archivos no formaron parte de esta investigación.
En contraste con los millonarios flujos de dinero mexicano que han pasado por esos paraísos fiscales, la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es mínima: En los últimos 15 años se cobraron 7 mil 466 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR), cifra equivalente a la derrama económica que dejaron los turistas en las últimas vacaciones de Semana Santa.
El monto de la recaudación entre los años 2003 y 2017, palidece aún más con otro de los hallazgos; Marcial Maciel y la congregación de Los Legionarios de Cristo montaron una estructura fiscal en Bermudas e Islas Vírgenes, en la que incluyeron a los rectores de sus universidades en México y mediante la cual pudieron esconder sus ganancias de dos décadas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
Un caso más detectado en la investigación organizada por el ICIJ fueron las cuatro compañías abiertas por dos futbolistas mexicanos, seleccionados nacionales de Primera División, en Malta –una de las zonas consideradas más opacas y uno de los paraísos fiscales más socorrido en Europa-. De hecho, esa pequeña isla alberga a por lo menos 100 compañías mexicanas.
Malta nunca ha firmado un acuerdo de colaboración con México para el intercambio de información fiscal, a diferencia de otros países en la misma situación con privilegios fiscales como podrían ser las Islas Caymán o Barbados, según datos oficiales obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Sin embargo, el propio SAT informó que no cuenta con archivos detallados, país por país y año por año, sobre el cobro por Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los países considerados como paraísos fiscales. Lo único que tienen calculado y, que pueden hacer público, fue el monto ya mencionado de 7 mil 466 millones de pesos correspondientes a la recaudación de 15 años, de acuerdo con una respuesta oficial ante una solicitud de acceso a la información hecha por MCCI.
La gran promesa de los paraísos fiscales es el secreto: los entornos offshore facilitan la creación de empresas que son imposibles de rastrear hasta sus propietarios. Si bien tener una offshore no es ilegal, el anonimato atrae tanto a empresarios como a lavadores de dinero, narcotraficantes, personas relacionadas con actos de corrupción y otros personajes que buscan operar en las sombras. Esas empresas frecuentemente son un simple caparazón, sin empleados ni espacio de oficinas.
El Paradise Papers expande, significativamente, las revelaciones producidas por la filtración de documentos offshore que generó la investigación de los Panama Papers en 2016 por parte del mismo ICIJ y sus periodistas asociados. Los nuevos archivos arrojan luz sobre un conjunto diferente de paraísos isleños no explorados antes, incluidos algunos con mejor reputación y servicios más costosos, como Bermuda y las Islas Caimán.
La recaudación proveniente de paraísos fiscales más baja para el SAT fue en el año 2003 con apenas 5 millones de pesos, lo mismo que podría costar hoy un departamento mediano en la colonia del Valle en la ciudad de México. Para ese entonces, por ejemplo, el histórico líder sindical priista, Joaquín Gamboa Pascoe, tenía en pleno funcionamiento su estructura financiera.
La mayor recaudación del fisco mexicano sobre el dinero que sus contribuyentes circularon por paraísos fiscales fue en el año 2016 por 2 mil 300 millones de pesos. En ese año, se publicó el “Panama Papers”. La aparición de por lo menos 31 empresas permitió al SAT recuperar 300 millones de pesos.
En los archivos usados para esta investigación también pudieron ubicarse peculiares maniobras: Javier Miguel Affif, un acaudalado empresario que ha acumulado demandas e investigaciones en su contra por los gobiernos de México y Estados Unidos creó en marzo del 2007 una empresa de papel en las Islas Vírgenes Británicas a la que bautizó como JM Real Estate.
No mucho tiempo después, el 19 de diciembre del 2008, la misma JM Real Estate sirvió como aval para que el Royal Bank of Canadá prestara cinco millones de dólares a la compañía Promotora de Centros de Espectáculos, ubicada en la ciudad de México y en la cual el propio Javier Miguel Affif tuvo la mayor parte de las acciones.
Esto pudo saberse ahora por el Paradise Papers, pero desde muchos años atrás éste personaje se hacía autopréstamos.
En 1998, Promotora de Centros de Esparcimiento tuvo la concesión para operar el Parque Actuático Oaxtepec, pero no pudo hacerlo por todo el tiempo que estaba planeado –hasta 2017- a consecuencia de supuestos problemas financieros. Según ellos debían 15 millones de pesos a la empresa Infomin por un préstamo y no pudieron sortearlo; así que los embargaron.
No obstante, las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) –entidad que controlaba el parque acuático- descubrieron que Infomin, la empresa que hizo el embargo, también era de Affif. Hoy en día, él junto con su hermano prestan servicios de transportación aérea a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En México, quienes tienen inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes deben presentar, en febrero de cada año, una declaración informativa al SAT. Quien no lo haga, incurre en un delito que se castiga con una pena de tres meses a tres años de prisión. También es una falta presentarla incompleta.
Además, en abril de cada año, deben incluir los rendimientos que tienen en esos territorios en su declaración anual de impuestos.
Sin embargo, las autoridades no tienen manera de enterarse si alguien miente. La única salida ha sido iniciar auditorías por alguna coyuntura peculiar, como sucedió tras la publicación de Panama Papers. México ha firmado convenios con diversos países para intercambiar información y evitar la evasión fiscal, pero únicamente se activan cuando existe una investigación oficial.
Mientras tanto, Appleby ha buscado socios en México con experiencia en crear empresas fachada y otras especializadas en planeación fiscal.
En agosto del 2015, Eduardo Fox, el gerente corporativo y de Latinoamérica en Appleby –acompañado de otros cuatro ejecutivos- hicieron un viaje de trabajo con quienes ellos llamaron “proveedores de servicios”. Su idea fue acrecentar el perfil de Bermuda como un centro financiero internacional, según consta en un reporte interno al que se tuvo acceso.
“Se programaron juntas con los despachos más importantes de México, varios intermediarios independientes y tres prospectos fuertes”, escribió Fox.
“Las reuniones fueron bastante oportunas, pues AIG y Armour Secure confirmaron que son capaces de proveer acuerdos de “fachada” (fronting) para prospectos residiendo en México”, escribió el ejecutivo.
“Visitamos Baker & McKenzie. El equipo estuvo dirigido por mi buen amigo Javier Ordóñez Namihira, uno de los expertos en impuestos más importantes a nivel mundial, y en mi opinión, la mente jurídica más conocedora de México, en el sector privado, sobre el acuerdo de intercambio de información con Bermuda y un gran diseminador de las ventajas de Bermuda sobre otras jurisdicciones offshore”, dijo.
La delegación de Appleby también estuvo en las oficinas de Agroasemex –la aseguradora del Gobierno mexicano- para encontrarse con Juan Carlos Bautista Ramírez, director de Transferencia de Riesgos, quien estaba por desarrollar un proyecto de inversión. Para ello, encargó a la firma PWC México buscar una ruta legal para que las empresas del Estado Mexicano puedan operar mediante offshores.
Fox también tuvo un encuentro con Luis Barros y Francisco Bello, directivos de Grupo Salinas quienes le manifestaron su interés en re domiciliar una firma offshore de Luxemburgo a Bermuda.
“Quedamos en comunicarnos con Luis y Paco en cuanto regresáramos a Bermuda, anticipando a otra reunión con Grupo Salinas posiblemente en dos meses para tenerles detalles sobre tributación internacional.(…) Este es un cliente muy importante e influyente que representaría un logro para Appleby”.
En los expedientes del Paradise Papers también aparecen empresas ligadas a dos ex funcionarios de alto nivel: Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y Alejandro Gertz, secretario de Seguridad Pública con Fox
Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, operó en Luxemburgo la filial de una empresa que estuvo involucrada en Estados Unidos en un presunto fraude bursátil.
De acuerdo con una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) realizada en 2004, Salinas habría obtenido una ganancia ilícita por 109 millones de dólares al comprar y posteriormente revender deuda de la telefónica Unefon.
Para esta operación –según la pesquisa de la SEC- se utilizó una empresa de nombre Codisco Investments LLC, la cual había sido creada el 12 de junio de 2003 en un despacho del estado de Delaware, apenas cuatro días antes de reestructurar la deuda de Unefon con la telefónica canadiense Nortel.
A partir de su investigación, la SEC promovió una demanda por fraude contra Salinas por no haber informado a los accionistas sobre la operación, y entre las pruebas que aportó estuvieron transferencias de las ganancias a Luxemburgo, en donde se había creado una filial de Codisco en septiembre de 2003, a los tres meses de que ocurrió la negociación de la deuda de Unefon.
La demanda fue cerrada en septiembre de 2006, luego de que Salinas Pliego acordó pagar una multa de 7.5 millones de dólares, aunque el empresario siempre negó haber incurrido en fraude. En su momento, calificó las acusaciones de falsas y de mala fe.
La empresa instalada en Luxemburgo –y a la que supuestamente se habían transferido ganancias- se llama Codisco Investments SARL y fue creada en septiembre de 2003 con Ricardo Salinas Pliego como accionista mayoritario, quien poseía el 99% de las partes sociales, de acuerdo con documentos encontrados en el Paradise Papers.
La empresa se mudó a la isla de Barbados el 1 de noviembre de 2013. Cuando se hizo el cambio su administrador único era Pedro Martin Molina Reyes, quien ha ocupado cargos directivos en filiales de Grupo Salinas, como TV Azteca Global en España y Azteca Digital en México.
Al directivo de América Movil, Alejandro Cantú, se le preguntó cómo fue que contrataron los servicios de Appleby para instalarse en Bermuda. “Nosotros no fuimos directamente, se encargó un despacho de abogados con el que hemos trabajado”.
Fuente: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
