Garfio no está libre, no está suelto, está condenado, pero no tendrá que cubrir los 328 mdp: Villasana Ramírez

Chihuahua, Chih.- En entrevista telefónica para Antena FM-TV y apenas 13 horas después de la liberación de Javier Garfio Pacheco, uno de sus abogados defensores Héctor Villasana Ramírez consideró que pese al gran malestar suscitado entre la ciudadanía por su salida en libertad condicionada ayer se hizo justicia con el ex alcalde de Chihuahua acusado por su participación en septiembre de 2012, durante su etapa al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en la autorización de la venta de unos terrenos en la reserva Labor de Terrazas, operación que constituyó un peculado agravado por 328 millones de pesos. El abogado de Garfio aseguró que la oferta de los 3 años de prisión que posibilitaron la libertad condicional partió del mismo Ministerio Público al reconsiderar el papel jugado por el imputado en la operación, que éste no deberá reponer los 328 millones de pesos y que hacer justicia no significa crucificar a nadie.

En dicha entrevista para Antena, el abogado Villasana Ramírez recordó que Garfio aceptó su responsabilidad de haber firmado la minuta autorización para la venta de los terrenos, nada más allá de eso, y que hoy mismo debería empezar a cumplir con las condiciones que el juez Alejandro Legarda le impuso para poder seguir su condena de 3 años de prisión en libertad condicional.  

El defensor precisó que Javier Garfio “no está libre, no está suelto, el ingeniero está condenado”, al tiempo que agregó que el juez estimó que éste no tenga que cubrir los 328 millones de pesos del peculado en virtud de su responsabilidad en los hechos y que nunca dispuso del dinero.

Señaló que se trata de un caso muy mediático y que por ello es normal que genere muchas reacciones contrarias a su liberación como las que desde ayer llenan las redes sociales, si bien, particularmente, consideraba que “contrario a lo que mucha gente piensa se hizo justicia, tampoco justicia es crucificar o imponer penas magníficas”.

“En este caso se demuestra el cumplimiento de las instituciones respecto al estado de derecho”, prosiguió, recordando que sobre Garfio recayó una sentencia condenatoria por lo que “debiéramos estar tranquilos pues de que el sistema está funcionando adecuadamente”.

Explicando el contexto del caso Javier Garfio desde su detención el pasado 27 de marzo por un presunto delito peculado agravado se abrió un plazo de investigación de 4 meses, recordó que impugnaron la detención vía amparos federales que les fueron negados y tras cumplirse los cuatro meses, tanto el MP como la defensa solicitaron ampliar ese plazo en otros dos meses, plazo que aseguró se cumplió el pasado 2 de octubre.

“Ministerio Público y defensa logramos establecer en la carpeta de investigación cuál era la responsabilidad que tenía el ingeniero Garfio en el delito que se le imputaba y no hay que olvidar que desde la misma vinculación a proceso a él única y exclusivamente se le imputaba que como integrante de la Junta de Gobierno de Coesvi, cuando él era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, haber autorizado la venta de los inmuebles conocidos como Labor de Terrazas”, afirmó Villasana Ramírez,  precisando que “mas no la venta en sí o la obtención de algún beneficio económico derivado de ésta”.

“Una vez que se nos niegan los amparos federales y que nos vemos ya ante la acusación formal del Ministerio Público el 2 de octubre, con toda objetividad y lealtad el Ministerio Público realiza una acusación en la cual fundados en el Código Nacional y en las facultades que ahora tiene a través del procedimiento abreviado nos ponen en la mesa o nos proponen la obtención de un procedimiento abreviado en el cual el Ministerio Público, insisto, con toda objetividad y lealtad de la investigación que se hizo y de la responsabilidad que ellos advierten en la carpeta de investigación proponen la reducción de 12 meses de prisión que autoriza el Código Nacional en un procedimiento abreviado, lo cual se le impondría una pena de prisión como fue de 3 años, la multa correspondiente y con ello también, el propio Código Penal permite, que aquellas personas que sean condenadas a un delito cuya pena sea menor de 3 años puedan cumplir esa pena en libertad bajo ciertas reglas”, agregó.