Chihuahua, Chih.- Pese a que el Ministerio Público acreditó que los 63.8 millones de pesos de recursos públicos recibidos entre junio de 2014 y diciembre de 2015 por el ex secretario de Finanzas del PRI Estatal Pedro Mauli Romero Chávez tuvieron como destino la operatividad del partido en Chihuahua y el pago de las obras de la nueva sede, con 12 de los pagos incluso fuera de todo proceso electoral, sorpresivamente tras dictarle la vinculación a proceso al imputado la jueza Sandra Zulema Palma declaró incompetente el tribunal estatal y acordó pasar el proceso a los juzgados federales para que integre a la causa en proceso contra Mauli por el desvío de otros 14.6 millones de pesos. Desde la Fiscalía General del Estado ya anunció su intención de recurrir la decisión. Por lo pronto, Pedro Mauli seguirá en prisión preventiva.
La jueza del Distrito Judicial Morelos estimó la petición de la defensa en torno a que la transferencia se dio en el entorno de un proceso electoral federal y que por lo tanto quien debía conocer y procesar el delito por la violación al artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales era la Federación.
El argumento de la jueza Sandra Zulema Palma para sustentar esta decisión fue que dicho ilícito se cometió en un proceso electoral federal, y en virtud de ello, determinó la incompetencia del juzgado estatal.
Esto pese a que los elementos de prueba incorporados en la carpeta de investigación y presentados ayer durante la audiencia de vinculación a proceso señalan que el dinero no fue desviado a un proceso electoral federal, como sí es el caso de los 14.6 millones de la causa penal en curso en los juzgados federales, sino para la operatividad del partido a nivel estatal.
“Para su sustento y no para aplicarlo en una campaña. Vamos a interponer recurso”, aseguraron desde la Fiscalía General del Estado tras calificar como “muy desafortunada la resolución del juez”.
“No se aportó ninguna prueba en ese sentido. La temporalidad en la que se da el delito no es suficiente para establecer que fue para una campaña federal”, advirtieron los inconformes, precisando que el último proceso federal para diputados inició en octubre de 2015 y concluyó con la jornada electoral del mes de junio de 2016.
“La imputación que se formula a Mauli fue por desvíos entre el mes de junio de 2014 a diciembre de 2015. Es decir, de 21 meses un total de 18 pagos mensuales recibidos se encuentran fuera del proceso electoral, solo nueve meses dentro del proceso electoral de los cuales solo dos fueron dentro de las campañas. Es decir, 12 pagos mensuales se dieron fuera de un proceso electoral”, manifestaron.
Fuentes entendidas en estas situaciones informaron que ahora, según el Código Nacional de Procedimientos Penales el juez federal debe de entrar al estudio para verificar si acepta la competencia o la rechaza.
Si su decisión es en este último sentido, regresa los registros al tribunal de origen, y si éste insiste en su declaración de incompetencia se abrirá conflicto competencial con el Tribunal Colegiado.
Si la acepta, el delito pudiera ser incorporado a la causa penal por la que Pedro Mauli fue vinculado a proceso junto al ex secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, el ex director de Egresos, Jesús Olivas Arzate, y el ex director de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel Mezquitic, por el desvío esta vez sí a campañas electorales del PRI sólo en 2015 de 14.6 millones de pesos obtenidos a través de descuentos del 10% a funcionarios de determinados niveles del entonces Ejecutivo de César Duarte Jáquez, quien no compareció ante el juez.
