Chihuahua, Chih.- La jueza de control del Distrito Judicial Morelos Sandra Zulema Palma vinculó a proceso al ex secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, Pedro Mauli Romero Chávez, al considerar probados los indicios de su participación en un presunto delito electoral al recibir mensualmente pagos de 3 millones de pesos de recursos públicos de parte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda, disfrazados en el presupuesto bajo el concepto de compensación para trabajadores del Ejecutivo, pero que el imputado recibía previa firma de cheques por el concepto de apoyos extraordinarios al PRI o gratificación anual al PRI. Mauli Romero seguirá el proceso en prisión preventiva, cautelar que le fue impuesta por 12 meses el pasado sábado durante la audiencia de formulación de imputación.
La jueza consideró probadas, en base a los elementos de prueba aportados por la representación social, las evidencias de una presunta violación del artículo 15 de la Ley Federal de Delitos Electorales, que establece como delito a quien por sí o por una tercera persona reciba dinero para un partido político.
A este respecto, previamente se probó que Pedro Mauli fungió como secretario de Finanzas y Administración del CDE del PRI por lo menos hasta el 18 de febrero del presente año según informó a la Fepade el propio ex presidente del PRI, Guillermo Dowell Delgado.
“Fue este y no otra persona a quien se comisionó para recibir las aportaciones mensuales a beneficio del partido y no al beneficio personal del imputado”, refería previamente la Ministerio Público, indicando que cada vez que el imputado recibía el dinero firmaba un recibo simple por concepto apoyo extraordinario al PRI Estatal.
Pedro Mauli, según el MP, habría recibido de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda los pagos por valor de 3 millones de pesos por el concepto “apoyo extraordinario al PRI Estatal correspondiente al mes de…” los días 3 junio, 3 de julio, 5 de agosto, 29 de agosto, 30 de septiembre, 28 de octubre, 28 de noviembre, 2 de diciembre (por 3 millones 666 mil 667 con el texto gratificación anual 2014 al PRI Estatal), y 23 diciembre, todos estos de 2014; y ya en 2015 los días 30 de enero, 27 de febrero, 1 de abril, 30 de abril, 28 de mayo, 2 de julio, 30 de julio, 2 de septiembre, 29 de septiembre, 29 de octubre, 30 de noviembre, 18 de diciembre, y otro diverso de misma fecha 18 de diciembre (por 3 millones 166 mil 666 pesos por “gratificación anual al PRI Estatal correspondiente al ejercicio 2015”).
Asimismo, hizo alusión al testigo protegido con identidad reservada e individualizado con la clave FG22678/2017, quien señaló ante la representación social que en enero de 2014 en una reunión con servidores públicos de alto nivel el ex gobernador César Duarte Jáquez les instruyó que a partir de ese mes había que entregar al CDE del PRI 3 millones de pesos.
Versión que encaja con la ofrecida por diverso testigo protegido PL99456/2017, quien coincidió en que en enero de 2014 Duarte en persona lo instruyó a que con apoyo del entonces director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, y el ex director de Recursos Humanos, Adrián Dozal Dozal, realizara el proceso para desviar mensualmente la cantidad de 3 millones de pesos al PRI Estatal.
Sobre la mecánica empleada para disponer del dinero público desviado, dio validez a la información aportada por el Ministerio Público a través de testimonios indicando que a principios de enero 2014 César Horacio Duarte Jáquez coordinó a diversos servidores bajo su mando inmediato para burlar las reformas Ley de Contabilidad Gubernamental.
Sería a partir de ese mismo mes de enero de 2014 cuando la Tesorería de la Secretaría de Hacienda realizó transferencias mensuales de su cuenta bancaria a la cuenta 0166143970 de la Dirección de Recursos Humanos para el pago de compensaciones haciendo posible la emisión de cheques a favor de la cuenta 0445561167 propiedad del Servicio Panamericano, dedicada al traslado de valores, la cual se encargaba de cobrar el cheque y devolverlo convertido en líquido al Tesorero de la Secretaría de Hacienda, Francisco Hernández Vega.
Por su parte, el testigo protegido SC22678 aseguró que Pedro Mauli recibía mensualmente, además del cheque por los más de 3 millones de pesos, la cantidad aproximada de otros 1.2 millones de pesos por descuentos vía nómina a los funcionarios de distintos niveles que también iban a parar al PRI.
Mientras, el testigo PL99456/2017 manifestó que en enero de 2014 el presidente del CDE del PRI procedió a indicarle que la persona que acudiría a recibir el dinero sería el hoy imputado, al igual que el ex secretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera Corral habría referido personalmente a otro diverso testigo.
Jazmin Alarcón Jurado, secretaria del ex Tesorero, Francisco Hernández, refirió que habitualmente acudían a buscar a su superior personas que no eran empleados de gobierno, teniendo la orden de que los pasara directamente a su despacho. Afirmó que entre ellos estaba Pedro Mauli, al que veía regularmente entrar con una caja en la oficina de Hernández.
La jueza afirmó que este desvío constituiría un delito electoral al violar la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Electoral del Estado de Chihuahua en su artículo 23 Fracción Tercera, mismos que establecen, entre otras cosas, que no podrán realizar aportaciones a los partidos políticos, precandidatos o candidatos de partidos los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los diferentes estados o la Federación. Asimismo, afirmó que se trataba también de una violación al Artículo 134 fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre los elementos de prueba, el Ministerio Público aportó un oficio de fecha 28 de agosto de 2017 firmado por Rogelio Ramírez Martínez, director de la Banca de Gobierno de Chihuahua, señalando que los apoderados y firmantes de la cuenta de la Secretaría de Hacienda Nómina.
A este respecto, informó que de enero a septiembre de 2014 quienes figuraban en esta calidad eran Cristina Rodallegas Hinojosa, Jesús Ruiz Palma, José Luis García Mayagoitia, Jaime Ramón Herrera Corral, Rafael Arteaga Maldonado, Abelardo Armendáriz Martínez, Francisco Hernández Vega y Miguel Ángel Mezquitic Aguirre.
Asimismo, de octubre de 2014 a 2015, lo eranJaime Ramón Herrera Corral, Francisco Hernández Vega y Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, siendo la instrucción de firma mancomunada.
Otro de los elementos de prueba presentados es un oficio de fecha 29 de agosto de 2017, firmado por Aarón Eduardo Romero Rico, de la Unidad de Información y Análisis Delictivos de la Fiscalía General del Estado, por medio del cual remite un informe técnico respecto a Pedro Mauli Romero Chávez.
Documento éste que incluye tanto el sistema de localización de personas con el que cuenta la FGE como impresiones, una obtenida de la página del PRI Estatal sobre el Comité Directivo del órgano político en el cual figuraba el imputado en calidad de secretario de Finanzas y Administración, entre otros.
También aportó una pericial en grafoscopía y documentoscopía de fecha 25 de agosto de 2017 en la que tras comparar la firma de los 13 recibos simples de 2014 y otros 13 de 2015, por los cuales Mauli recibió 3 millones de pesos cada mes, con la firma de las solicitudes de licencia de conducir y de pasaporte y un expediente civil del imputado, dando como resultado que los cheques fueron firmados de puño y letra por el ex secretario de Finanzas del PRI.
De igual modo, adjuntó el documento recibido de parte de la Fepade el pasado 2 octubre de 2017, dentro del tiempo de la investigación, en el que José Guillermo Dowell Delgado, ex presidente del PRI Estatal, con fecha 18 de febrero de 2017, informaba a Rosalba Ramírez García, Fiscal Orientadora adscrita a la Unidad de Atención y Determinación Inmediata de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que dentro del padrón de afiliados de ese CDE del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua sí se encuentra registrado el contador público Pedro Mauli Romero Chávez.
Información que Dowell corroboró adjuntando copia única del formato único de afiliación al registro partidiario, así como el expediente integrado con motivo del procedimiento de afiliación
Además el ex dirigente priísta informó a la Fepade que desde el primero de diciembre a la fecha (18 de febrero de 2017) se ha desempeñado como secretario de Finanzas y Administración de ese Comité Directivo Estatal del PRI, precisando que cuenta con poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración desde el 16 de octubre de 2013 a la fecha anteriormente referida.
La defensa de Pedro Mauli acusó a la Fiscalía General del Estado de estar llevando a cabo una investigación oscura y una justicia selectiva, ya que genera a su conveniencia la figura del imputado con identidad reservada, no contemplada en ninguna legislación, haciéndolo pasar por un testigo con identidad reservada.
El abogado defensor del ex funcionario partidista del PRI afirmó que con esta actuar la FGE está generando una impunidad de facto para estos “imputados protegidos” y les compra su testimonio a cambio de su impunidad.
Asimismo, la defensa argumentó que los hechos que se le atribuyen a su representado integraban una misma unidad delictiva o delito por lo que no cabía la posibilidad de que fueran objeto de procesos diferentes y posibles diversas condenas.
Sostuvo que generaba mucha suspicacia que la misma denunciante que informara a la Fepade del presunto delito que se judicializa en los Juzgados Federales por el desvío de otros 14.6 mdp en 2015 a través de descuentos a funcionarios estatales- la secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya- fuera también la que presentara posteriormente esta segunda denuncia a modo de “venganza” molesta porque el fuero federal lo dejara en libertad.
