Chihuahua, Chih.- Las declaraciones de los testigos protegidos expuestas el día de ayer por el Ministerio Público durante la audiencia de vinculación a proceso del empresario Jaime Agustín Fong Ríos por su presunta participación en un delito de peculado agravado por 15 millones de pesos, permitieron conocer nuevos detalles sobre la red de corrupción tejida por el ex gobernador César Duarte Jáquez. El testigo que reveló a la autoridad que Duarte supuestamente ordenó desviar hasta 500 millones de pesos para las campañas federales de 2015 y hasta 800 millones para las locales y estatales de 2016, refirió que las secretarías de Educación, Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, la Fiscalía General del Estado, Pensiones Civiles y el Ichisal eran las dependencias preferidas para el desvío de recursos públicos.
Así lo afirmó en sus declaraciones, según el Ministerio Público, el testigo con identidad protegida 95A219W35L0M/2017, dijo que formó parte de la administración estatal y ocupó un puesto de alto nivel dentro del gabinete de gobierno entre 2012 y 2016 que le permitió tener conocimiento de los ingresos por más de 200 mil millones de pesos y desvíos de recursos públicos operados tanto para incrementar su patrimonio como para fines políticos.
Tras referir las órdenes del ex titular del Ejecutivo para desviar hasta mil 300 millones de pesos de las arcas públicas para fines electorales, en concreto para las campañas de 2015 y 2016, aportó que “por su volumen operativo”, la Fiscalía General del Estado y las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Salud, eran las favoritas de Duarte y su círculo cercano para distraer recursos.
A ellas se unían organismos descentralizados como Pensiones Civiles del Estado y el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), puesto que éstas en su conjunto manejaban fondos por alrededor de 40 mil millones de pesos de forma anual.
