Chihuahua, Chih.- El juez de control Jorge Napoleón Raya Valdez dictó la vinculación a proceso de Jaime Agustín Fong Ríos como cómplice auxiliador en el presunto delito de peculado agravado para el desvío de 15 millones de pesos del erario público mediante la simulación el 13 de enero de 2016 de un contrato entre el gobierno de César Duarte Jáquez, a través del Departamento de Comunicación Social, y la empresa Consultoría en Gobernanza de la que el imputado es socio fundador y apoderado legal.
Partiendo del principio de derivación suficiente, el juez consideró que se actualizaba el delito de peculado al señalar que los ex funcionarios implicados por el Ministerio Público en el desvío trabajaban para la Secretaría de Hacienda y en razón de su cargo podían acceder a los recursos públicos.
“Todo parece indicar que efectivamente esta sensación de exagerada simetría, por decirlo de alguna forma, manifestaron por quienes denunciaron se comparte por el tribunal”, manifestó el juez, apuntando la existencia de muchas evidencias en base a documentos y comprobantes bancarios de la distracción de los recursos.
Consideró pertinentes los testimonios aportados por la Fiscalía durante su exposición de antecedentes y datos de prueba en esta audiencia, entre ellas la de un empleado a cargo del director del Comité de Adquisiciones, Antonio Enrique Tarín García, quien afirmó que éste le encargó ponerse en contacto con Fong Ríos quien le proporcionó para efectos de formalizar el contrato los documentos requeridos como el acta constitutiva de la empresa, estados de cuenta, pagos provisionales, células del contador,…
Asimismo, refirió que el imputado lo emplazó a ponerse en contacto con María Elena Esparza Ortiz para recibir el resto de documentos necesario, trabajando ésta en el despacho contable DRZP Asociados, ubicado en la calle J. Domínguez de Mendoza de la colonia San Felipe de Chihuahua.
A través de este despacho, mismo que llevaba la contabilidad de todas las empresas de Fong Ríos, se convirtió en líquido el pago de los 15 millones de pesos del contrato efectuado por gobierno a Consultoría en Gobernanza en mayo de 2016 y del cual supuestamente el empresario se quedó un porcentaje del 6% (900 mil pesos) y entregó el resto a Tarín García.
Pese a que pago supuestamente se realizó en mayo de 2016, un testigo protegido señaló que todavía en junio trabajaba en el armado del expediente. De igual modo, pese a que la firma se hizo pasar por la fecha del 13 de enero de 2016, no fue hasta julio y agosto de 2016 cuando los documentos fueron firmados.
Junto a Tarín García y Fong Ríos, quienes según un testigo protegido se conocían desde 2009 cuando coincidieron en las Juventudes del PRI e incluso constituyeron juntos una empresa denominada Burza, firmó el contrato Irma Caro Armendáriz, quien fungía como directora Administrativa del Departamento de Comunicación Social de gobierno del estado, ya que el titular del departamento por aquel entonces, Federico Guevara, se negó a participar y estampar su firma. La propia Irma Caro, según las testimoniales, habría sido la encargada de simular los entregables para intentar aparentar que el servicio contratado sí se había prestado.
El juez afirmó que pese a que la defensa “ha hecho su esfuerzo” por intentar probar que el “servicio profesional de asesoría de comunicación institucional y planeación estratégica” por el cual se contrató a Consultoría en Gobernanza sí fue prestado, “de eso no hay vestigio alguno”.
“Lo único que hicieron el día de hoy con el esfuerzo de la defensa fue traer una especie de impresiones que daban la sensación (…) que estaban recién creados (…) o no socializados porque estaban muy nuevos”, señaló el juez.
Afirmó que en ningún momento se encontraron en ninguna dependencia pruebas fehacientes y materiales que acreditaran que el servicio fue prestado, lo cual aunado a la adjudicación directa recibida y la narración de los testigos protegidos de la ruta seguida por el dinero daba veracidad a la acusación realizada por el Ministerio Público.
“La ley es para los que pueden, no es para los que saben”, llegó a señalar el juez durante su resolución del caso, manifestando que hoy la defensa solo compartió impresiones.
Respecto al alegato de la defensa de que no siendo servidor público Fong Ríos no podía ser acusado del delito de peculado, afirmó que quedaba acreditada la más que probable participación de por entonces funcionarios, quienes requerían de una persona externa para perpetrarlo y en este caso quien supuestamente colaboró con ellos fue el imputado.
Comprender que el auxilio de Jaime Agustín Fong Ríos es esencial en una fase del proceso fundamental para que se pudiera desviar los 15 millones de pesos, “pero sí aceptó ir con el propósito de desviar este dinero con varios funcionarios públicos implicados y ya estaba en curso la suficiencia presupuestal por 120 millones de pesos”.
“No puede ser establecido como autor pero sí como cómplice auxiliador”, aseveró el juzgador.
