Chihuahua, Chih.- Después de que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Julio César Jiménez Castro, anunciara la próxima implementación del Instituto de Servicios Previos al Juicio, el fiscal general del estado, César Peniche Espejel, afirmó que éste era un paso que se encontraba pendiente y que contribuirá a que exista la posibilidad de imponer prisión preventiva a imputados por delitos que no la contemplan de forma oficiosa, siempre y cuando se acredite su peligrosidad o riesgo de evasión de la justicia.
“Aquí el problema es que los jueces están tomando, están partiendo del principio de que si no tiene prisión preventiva oficiosa no tienen por qué señalar necesariamente la prisión preventiva y eso es un error, por el contrario, cuando el Ministerio Público aporta las condiciones y las circunstancias específicas el juez debe escuchar al Ministerio Público y debe valorar la posibilidad de imponer la prisión preventiva en cualquier tipo de delito basado en la evaluación de riesgo”, advirtió el titular de la FGE.
Peniche señaló que esta unidad o instituto era un pendiente que había al momento que se implementó el Sistema de Justicia Penal. “Hubo algunos rubros que se quedaron para después y que los dejaron pendientes y uno de esos rubros es precisamente la Unidad de Servicios Previos al Juicio o también conocidas como Unidades de Medidas Cautelares”, apuntó.
Manifestó que esta instancia es la que debe medir el riesgo de las personas, atendiendo a que la ley dice muy claramente que todas las personas deben estar sujetas a una medida de prisión preventiva, que puede ser solicitada por el Ministerio Público y que tendrá que ser fundamentada en base a una evaluación de riesgos.
Peniche refirió que en la Fiscalía General del Estado ya contaban con esta unidad, pero tras la reforma constitucional del pasado diciembre debía ser trasladarla al Poder Judicial, que ahora deberá crear su propio Instituto de Servicios Previos al Juicio.
