Solicita Rodolfo Leyva impugnar nombramiento del sacerdote Javier Ávila como miembro del Consejo de Atención a Víctimas

Chihuahua, Chih.- Rodolfo Leyva Martínez en su calidad de comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) presentó una demanda en contra del sacerdote Javier Ávila Aguirre, esta con la finalidad de impugnar su nombramiento como miembro del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pues aseguró que este es un producto de un doloroso atropello de la constitución federal efectuado por el ejecutivo Javier Corral Jurado y el Congreso Local.

En este sentido, Leyva Martínez reclamó el nombramiento que hizo el Congreso del Estado a fin de beneficiar al sacerdote jesuita Javier Ávila para ser miembro del Consejo de Atención a Víctimas esto a solicitud del gobernador de Chihuahua a sabiendas de que hacían algo categóricamente prohibido pues los ministros de culto activos se les prohíbe poder desempeñar un cargo público.

"La cuestión es sencilla. En el art.o 40.o de la Constitución federal, se estatuye que fue voluntad del pueblo mexicano constituir un Estado federal con un gobierno democrático, republicano, representativo y laico, el último adjetivo enfatiza que la actividad gubernamental debe ser independiente de cualquier organización o confesión religiosa", relató Rodolfo Leyva.

Razón por la cuál, Leyva Martínez aseguró que Javier Ávila es un sacerdote católico en activo pues se encuentra registrado ante la Secretaría de Gobernación Federal como ministro de cultos de dos asociaciones religiosas la de la diócesis Tarahumara y la de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.

En este tenor agregó que el nombramiento que el gobernador le dió al sacerdote implicó una propuesta en forma de terna por medio del H. Congreso del Estado por mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes.

Finalmente agregó que sus actividades incluyen decisiones gubernamentales generales y específicas; prestación de servicios a víctimas del delito, elaboración de programas de políticas públicas entre otras más.