INFONAVIT en quiebra moral y económica.

Por: José Luis Rodríguez Chávez

1972 Este año se funda el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). El 21 de abril de 1972 se promulga la Ley del Infonavit, con la que se da cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, fecha de su promulgación. La forma consistió en reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados para darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos.

Al paso del tiempo el instituto ha sufrido infinidad de transformaciones de constructor a bursatilizador. Con aciertos y errores sexenales el organismo descentralizado cumple 45 años de su creación. Poco a poco el Infonavit va perdiendo el sentido social para el que fue creado y se convierte en un gran negocio para promotores y desarrolladores de vivienda. Hoy funcionando como una gran empresa financiera que cuenta con 21.3 millones de derechohabientes activos a nivel nacional de los cuales 16 millones no han ejercido su crédito (5.5 millones están precalificados) y de los cuales este 2017 pretende adjudicar cerca de 467 mil créditos. Además este año el instituto trabaja para recuperar 20 mil viviendas “abandonadas” para subastarlas nuevamente en el mercado. Desde su creación hasta la fecha el organismo ha otorgado 9 millones 400 mil créditos. 

Entre otros múltiples negocios y violando la Carta Magna el organismo procurador de vivienda, subasta paquetes de casas supuestamente abandonadas -y señalo esa suposición- encontrando un verdadero “filón de oro” para despojar a miles de derechohabientes de casas abandonadas y con mora en pagos, pero también miles que están habitadas y sin desarrollar juicios con forme lo marca la ley. Señalando rebeldía son enjuiciados de manera apócrifa en tribunales de Nayarit, Coahuila y otros estados donde se desarrollan juicios a derechohabientes de otras entidades sin brindarles la oportunidad de defensa ya que nunca son notificados. Juicios exprés donde a través de mafias que incluyen notarios, jueces, autoridades de Infonavit y desarrolladores de vivienda se llevan a cabo negocios millonarios con el dinero de los trabajadores.

Sin la mínima posibilidad de defensa miles de derechohabientes ven la infamia e injusticia que se les comete sin poder ejercer su defensa por desconocimiento, tiempo y capacidad económica para la contratación de un abogado. Y nuestros legisladores “representantes populares” haciéndose de la “vista gorda” ante este grotesco escenario.

Me pregunto….quienes realizaron este proyecto en los albores de los años setentas imaginarían el rumbo que tomo este instituto que hoy viola el artículo constitucional 123 por el que fue creado?