Chihuahua, Chih.- La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera Laso, y el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, dieron a conocer esta mañana las acciones que componen la estrategia de atención a los jornaleros agrícolas migrantes en el estado, la cual persigue, a través de la implicación de numerosas dependencias y organismos, brindar a esta población una protección integral a sus derechos, alojamiento, transporte, salud, derechos laborales y condiciones de trabajo dignas.
Tras recordar que desde el inicio de su gestión el gobernador Corral instruyó a todo su equipo para atender las necesidades de las personas que integran los grupos que han sido vulnerados, Herrera señaló que éste fue el punto de partida para la conformación de un plan para brindar una protección integral y generar un ambiente en el que las personas dedicadas a las labores del campo puedan desarrollarse adecuadamente.
“Las acciones contempladas en este programa van desde las mínimas esperables: alojamiento digno, transporte seguro, acceso a los servicios de salud, respeto de sus derechos laborales; hasta algunas que pudieran parecernos obvias pero que resultan ser necesidades frecuentes en los campos de cultivo como el inscribir a estas personas en el registro civil y generarles una identificación”, señaló la secretaria de Trabajo.
“Hoy estamos aquí para hacer visibles las acciones propuestas, no para presumirlas, o para que alguien diga ‘hasta que se les ocurrió’, sino en un ejercicio de transparencia que posibilita la rendición de cuentas. Que todos sepamos qué acciones deben desplegarse y quién o quiénes son los responsables de ejecutarlas; tanto para que los que requieren el servicio puedan dirigirse con quien debe darlo, como para que cualquier ciudadano exija el cumplimiento del trabajo propuesto”, agregó.
Ana Herrero hizo hincapié en que los jornaleros agrícolas son personas, y por tanto, son merecedores de respeto, de un trato digno, y del cumplimiento de todas las normas que en su protección establecen las diferentes leyes, por lo cual ahora velarán una gran cantidad de dependencias.
Aseguró que un programa de este calado era abonar a una deuda histórica de los chihuahuenses. En este sentido, enfatizó que si el estado de Chihuahua ocupa hoy en día el primer lugar nacional en la producción de pistache, manzana, orégano, nuez, avena, y otros productos, y la actividad agropecuaria es uno de los motores que mantienen en movimiento la economía del estado, ello no sería posible sin las entre cincuenta y noventa mil personas “que año tras año salen de sus lugares de origen para irse desplazando por las diversas regiones según los ciclos de cosecha – labranza – cultivo lo van requiriendo”.
“Tradicionalmente no los vemos: la mayoría desarrolla sus actividades en regiones alejadas de las zonas urbanas, entre los montes, en áreas de difícil acceso. La intención, sí, es ir hasta allá para proveerles los servicios que merecen, pero es necesario también que la sociedad se dé cuenta de su existencia, de sus necesidades y problemática, y que haga de la protección a los derechos de estas personas una causa de todos”, señaló Ana Herrera.
“No podemos quedarnos cruzados de brazos y decirnos que siempre ha sido así, o que tienen mejores condiciones en los lugares de trabajo que en los que normalmente habitan. No, debemos comprometernos para que todo y cada uno de ellos cuente con las condiciones dignas que merece, obligarnos a que reciban el trato que nos gustaría recibir para nosotros mismos”, aseveró.
Tras meses trabajando en la coordinación entre las dependencias, entidades y organismos, la STyPS logró integrar a esta cruzada a las secretarías de Hacienda, Salud, Desarrollo Social, Obras Públicas, Cultura, Desarrollo Municipal, Educación, la Secretaría General de Gobierno a través del Registro Civil, la Fiscalía General del Estado; así como la coordinación de Comunicación Social, la COESVI, el Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescente, el DIF, la COEPI, el Ichmujeres, la COESPRIS, la Junta Central de Aguas y Saneamiento, y la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones.
