La juez acumula segunda vinculación a proceso contra Gerardo Villegas como coautor de peculado por 120 mdp, Presumiblemente intervino en la simulación, dice

Chihuahua, Chih.- Tras escuchar a la parte de la acusación y la defensa de Gerardo Villegas Madriles, la juez de garantías Guadalupe Hernández dio inicio en torno a las 14:50 horas de la tarde y sin receso de por medio, a la lectura de su resolución dictando a las 17:34 horas (más de siete horas después del inicio de la audiencia) la vinculación a proceso del ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda de la administración de César Duarte Gerardo Villegas Madriles con carácter de presunto coautor en el desvío de 120 millones de pesos al considerar probada su presumible intervención en la simulación del proceso administrativo para el contrato con la empresa Kepler Soluciones Integrales Sociedad Civil.

Gerardo Villegas ya afronta un proceso penal por el que fue vinculado a proceso y le fue dictada la prisión preventiva por el periodo de 6 meses por su presunta participación en otro desvío de 246 millones de pesos de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte entre febrero y abril de 2016 mediante el mismo sistema de contratos simulados.

“No comparto los argumentos del defensor, comparto de manera íntegra los esgrimidos por un agente del Ministerio Público en esta audiencia”, refirió la juez, manifestando que como servidor de la Secretaría de Hacienda Gerardo Villegas tenía incidencia sobre los recursos públicos desviados.  

“Para lo cual simular un proceso administrativo para la contratación de servicios profesionales (…) servicios que nunca fueron prestados, fingiendo para ello todos los trámites presuntamente legales”, agregó, incluyendo el preceptivo contrato. Tras recordar que Gerardo Villegas fungía como director de Administración de Hacienda, estableció que “presumiblemente intervino” en los hechos ilícitos, “la simulación del proceso de adjudicación directa (…) y simulando el contrato”.

“Presumiblemente es el imputado con facultades para incidir en los recursos públicos del estado”, aseguró, reiterando la coparticipación de otros ex servidores públicos. A Villegas le atribuyó la comisión del acto final de la simulación del proceso administrativo con la formalización del contrato con la finalidad de justificar la salida de los recursos aún a sabiendas de que su fin o destino sería otro muy distinto al concepto que figuraba en el contrato.

Tras casi cinco horas de audiencia, la juez de garantías inició la lectura de su resolución considerando probada la presunta participación de Villegas en los hechos delictivos al firmar el contrato en cuestión el 31 de julio de 2015 y considerando probados los hechos delictivos y la simulación del proceso administrativo a través de los que desviaron o distrajeron recursos del erario público mediante una adjudicación directa de unos servicios de asesorías en los procesos contables, financieros y administrativos para mejoras y transparencia de procesos hacendarios que nunca se prestaron.

Esto pese a que los pagos de los 120 millones fueron realizados incluso antes de la formalización del mismo en cuatro exhibiciones, la primera con fecha 3 de marzo, otra el 9 de abril, otra el 7 de mayo y la última el 4 de julio de 2015, mismos que habrían sido autorizados y recibidos personalmente por el entonces coordinador Administrativo y de Servicios, Adrián Dozal Dozal.

Esto pese a que la empresa, con domicilio fiscal en Puebla y de la que figura como representante Germain Lezama Cervantes, se registró en el padrón de proveedores de gobierno con fecha 30 de julio de 2015, apenas un día antes de la firma del contrato simulado casi dos meses después del pago del último de los cuatro pagos.

Así mismo, aseguró que sin saber el motivo por el cual éste recibió el dinero y continuando con la simulación del proceso, con fecha 16 de octubre realizó dos transferencias, de 60 millones de pesos cada una, correspondiente a las facturas con número 2722 y 2723, a favor de Kepler Soluciones Integrales Sociedad Civil.

Del mismo modo cabe recordar que el material entregado presuntamente a la Secretaría de Hacienda con fecha 2 de diciembre de 2015 fue modificado con posterioridad,  más de seis meses después de esta fecha, los días 9 y 10 de junio de 2016, tal y como figura en los registros.

La juez refirió que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público permitían sustentar la comisión del presunto delito de peculado y la probabilidad de que Gerardo Villegas “es coautor en la comisión de los mismos”.

Guadalupe Hernández destacó que existían pruebas presentadas que constituían evidencias del delito. “Se cometieron y son señalados como delito”, aseveró, así como que se constataba la participación de Villegas en los hechos al participar en la simulación del proceso al firmar un contrato por un importe que ya se había liberado desde meses antes y del cual al igual que otros ex funcionarios tenía conocimiento que tenía un fin diferente al que se hacía figurar en el documento.

Incluyó que tanto Ever Eduardo Aguilar Sandoval, coordinador Administrativo y Servicios, y Alejandro Ornelas Hernández, por aquel entonces director de Sistemas, ambos dependientes de la Secretaría de Hacienda, presentaron al Comité de Adquisiciones de Hacienda criterios técnicos avalando la contratación de Kepler a cambio de un supuesto servicio de asesorías.

 Pese a que la audiencia pidió no dar el valor que la representación social le otorgaba a los tres testigos protegidos cuyas declaraciones fueron agregadas a la carpeta de investigación por considerarlos participantes e imputables en los mismos hechos, la juez Guadalupe Hernández refirió que no era argumento suficiente para restarles “eficacia jurídica”.

Enfatizó que los tres testimonios eran coincidentes lo cual daba certeza a sus declaraciones, más en su calidad como ex funcionarios de alto nivel, recalcando que al contrario de lo sostenido por la defensa no tenían en la actualidad carácter de “imputados” y que como personas mayores de edad habían decidido por voluntad propia coadyuvar al denunciar hechos ilícitos de los que fueron testigos, siendo conscientes de lo que conllevaría dar un testimonio falso a la autoridad.

 

 

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