Chihuahua, Chih.- La Alianza Ciudadana por Chihuahua hace público su reconocimiento al Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado por su postura valiente, coherente y respetuosa de los derechos humanos al haberse negado a suscribir la carta pública en la que los otros diez gobernadores emanados de Acción Nacional, demandan al Congreso de la Unión se apresure la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Ante la carta de esos 10 gobernadores de Acción Nacional queremos aclarar nuestra postura:
Para nosotros, como para el Gobernador, no es la llamada “seguridad interior”, lo que nos preocupa, sino la profunda crisis de seguridad en el país que perjudica primeramente a las personas y a las comunidades, sobre todo de las zonas apartadas, montañosas, periféricas, donde el crimen organizado actúa como amo y señor de vidas y patrimonios.
Es una crisis que también se hace presente en las ciudades sometiendo a la zozobra a sus habitantes. Para nosotros, se trata, en primer lugar, de una crisis de seguridad ciudadana. También de seguridad pública en cuanto la seguridad como bien público necesario para el bienestar y desarrollo de nuestra sociedad ha sido gravemente vulnerada.
Esto es lo que más nos preocupa, pues para nosotros la seguridad tiene rostros, nombres, lugares y paisajes. Hay otra cara, muchas veces oculta de esa crisis de seguridad: la actividad de las diversas policías y el Ejército con el pretexto de combatir al crimen ha desatado innumerables violaciones a los derechos humanos: tortura, desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos de comunidades.
Todo esto ha llevado a varios organismos internacionales a declarar que en México hay una “grave crisis de los derechos humanos”. La crisis de seguridad tiene su raíz más profunda en la impunidad y en la corrupción. Hablamos, tanto de la impunidad de los criminales, como de la impunidad de las autoridades de todos los órdenes de gobierno que, por corrupción, han sido omisas en la aplicación estricta de la ley, o cómplices de los delincuentes o francamente delincuentes investidos con cargos públicos.
Por lo tanto, una condición indispensable y previa a todo proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana es que debe haber un curso de acción sólido, sistemático, estratégico y eficaz para terminar con la corrupción y con la impunidad de las autoridades presentes o pasadas que se han coludido con los criminales o que han ejercido de manera criminal la función pública.
Otra condición, también previa e indispensable, es que el Gobierno Federal de muestras eficaces de su compromiso en el combate en el crimen organizado en todas las entidades de la República por parejo, apegado estrictamente a lo que marcan nuestras leyes.
Esto implica la presencia efectiva de la Policía Federal para efectuar la vigilancia y la prevención inmediata de los delitos y la acción de la PGR en tanto ministerio público para la investigación, persecución y arresto de los criminales. El Gobierno Federal no debe regatear ni especular con estas funciones que le son inherentes; su acción para procurar la justicia no debe servir como moneda de cambio para que los gobiernos locales, agobiados por la acción del crimen organizado, se sumen a posturas e iniciativas de ley que propicien la violación del orden constitucional o de los derechos humanos.
Es cierto que se requiere un nuevo marco legal para combatir la ingente fuerza que el crimen organizado ha adquirido, en buena parte por la complicidad de las autoridades. Pero esta nueva ley o conjunto de leyes debe llenar las siguientes premisas: 1. Debe orientarse primordialmente a construir la seguridad ciudadana y la seguridad pública, no a conceptos tan ambiguos y peligrosos como “la seguridad interior” que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como ”propia de regímenes autoritarios”.
Debe partir de un respeto absoluto a los derechos humanos de todas y de todos. 2. Debe elaborarse mediante un proceso abierto de participación ciudadana, con consulta a las comunidades, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las y los juristas, a los colegios y barras de profesionales en la materia, a las instituciones de educación superior y de investigación. 3. Debe contemplar el fortalecimiento de las capacidades e instituciones locales de seguridad y de justicia, la depuración y capacitación de las policías locales, la profesionalización de las instancias de procuración y administración de la justicia, etc. 4.
Debe atenerse a lo estipulado por el Art. 21 Constitucional en el sentido de que las tareas de seguridad son de autoridades civiles. En todo caso, si se considera que provisionalmente el Ejército tiene que cubrir las carencias de los diferentes cuerpos policíacos debe establecerse un artículo transitorio que marque una hoja de ruta con fechas y metas precisas para que el Ejército regrese a los cuarteles.
Reiteramos nuestro respaldo a la postura valiente de nuestro Gobernador, Javier Corral Jurado, y hacemos un llamado para que se abra un amplio proceso de consulta y de participación la sociedad mexicana para que nos demos, no una ley que restrinja los derechos de las personas y sea contraria a nuestra Constitución, sino un nuevo marco jurídico que garantice por sobre todo. la seguridad de las personas y de sus comunidades.
