Ciudad Juárez, Chih.- Desde el pasado 15 de marzo la Fiscalía General del Estado restringió el acceso al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y privó de sus prácticas profesionales a cuatro estudiantes de la Maestría de Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) debido al activismo político de la estudiante Lidia Granados contra el feminicidio, la trata y la desaparición forzada de personas, así como por la denuncia pública realizada por ésta en torno a la falta de recursos materiales de la FGE para llevar a cabo las investigaciones e identificación de restos óseos. Debido a esta decisión arbitraria los cuatro alumnos se ven afectados con más de un mes sin prácticas ni clases, sin ningún tipo de apoyo de la UACJ, e incluso se encuentra en peligro el doctorado en Antropología Forense al que Lidia tendría acceso como mejor promedio de la maestría.
Lidia Granados, la protagonista central de esta historia, se autodefinió como estudiante y activista, afirmando que si bien éste último término no le gustaba, se lo ha ganado a lo largo de los años por su constante lucha contra el feminicidio, la trata y la desaparición de personas.
En 2015 entró a realizar estudios de posgrado en la Maestría de Ciencias Forenses impartida por la UACJ, teniendo el honor de formar parte de la última generación del mismo, ya que se va a cerrar. Lo hizo desde un principio sin una beca de la universidad, sin un financiamiento institución, y sólo con las becas externas que se encargó de buscar.
Lidia afirmó que siempre fue activa políticamente hablando y muestra de ello es que participó en los cuatro rastreos ciudadanos realizados en el Valle de Juárez por parte de familiares de desaparecidos, en el primero de los cuales refirió se encontraron hasta 54 restos óseos.
De forma paralela a su activismo, la estudiante continuó con sus clases y en la actualidad se encuentra cursando ya el último semestre de la maestría, llevando tres materias que requieren de prácticas profesionales, mismas que inicio a realizar a principios de febrero de 2017 en el SEMEFO de Ciudad Juárez.
Lidia Granados afirmó que si bien al principio ésta se desarrollaron con total normalidad, todo cambió a partir del pasado 8 de marzo, cuando con motivo del Día Internacional de la Mujer realizó una instalación artística en colocó ropas de mujer en las calles de Juárez para visibilizar a las desaparecidas.
Apenas dos días después, el 10 de marzo, Lidia recibió la llamada de alerta de uno de sus tres compañeros de maestría de que llevara “cuidado con lo que estoy haciendo”, ya que debido a su actividad política les iban a restringir el acceso a las instalaciones del SEMEFO.
Al siguiente día, sin atender a las intimidaciones, la estudiante acudió al cuarto rastreo ciudadano en el Arroyo El Navajo en el Valle de Juárez, donde se encontró con compañeros del Servicio Médico Forense con los que tan sólo intercambió unos saludos y se llevó a cabo el rastreo de forma totalmente normal.
No obstante, el 15 de marzo, día en el que le tocaba volver a las clases y las prácticas, Héctor Hawley, su maestro del Taller de Evidencias y Victimología, la citó una hora antes para hablar con ella en la Sala de Juntas donde se encontró sola y sin testigos.
“Me dice que recibió una llamada de Chihuahua diciendo que yo había dado información confidencial a los medios, que había hecho declaraciones confidenciales, (…) y que Daniel Ricardo Jaramillo Vela había dado instrucciones de restringir el acceso a mí y a mis otros cuatro compañeros”, afirmó Granados.
Ante su pregunta de a qué se debía semejante decisión que afectaría sus prácticas profesionales y la de sus compañeros, así como sus promedios, el maestro le respondió que por dar información oficial y debido “a que soy activista, que no quieren tener activistas dentro de la institución”.
Preguntada por qué tipo de información había dado y podría haber molestado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, la estudiante afirmó que tras el cuarto rastreo ciudadano “yo dije que no teníamos ni siquiera material para hacer identificaciones de osamentas, yo les he llevado guantes, cubrebocas, yo he visto que los maestros ponen de su bolsa para tener material”, aseguró, haciendo hincapié en que quienes trabajan en el SEMEFO lo hacen con un riesgo biológico, emplazando a la Coespris a analizar y revisar la vulnerabilidad en la que laboran.
Tras ser notificada de la restricción para su entrada y la de sus compañeros, que nada tuvieron que ver en el caso, en el SEMEFO, Lidia pidió que se realizara una reunión amplia en Edificio de Posgrado para hablar con familiares, FGE, Servicios Periciales y Servicio Médico Forense, a los que si bien en ese momento no hizo entrega del pliego petitorio, si lo hizo posteriormente a su facultad exigiendo “no se les restrinja el acceso a activistas”.
Dentro de los 15 días reglamentarios para obtener una respuesta para que la no comisión de una omisión, el coordinador de la maestría de la UACJ Carlos Reynosa Garay le hizo saber que “no hay problema, que lo que yo hice no es nada malo”, más no le ofreció ningún tipo de apoyo o respaldo de parte de la universidad, ante lo cual le acusó de permitir que se la estuviera “criminalizando por mi actividad política y negando mi derecho de acceso a una educación de calidad”.
Ante el devenir de los hechos, Lidia Granados se presentó el 12 de abril en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) donde entregó su declaración de hechos en la que punto por punto relató lo sucedido y denunció la vulneración en sus prácticas, “llevo un mes sin acudir a prácticas y eso va a afectarme en el promedio”.
Por si fuera poco y evidenciando categóricamente la persecución y voluntad de afectación en su contra por parte de la Fiscalía que nada tienen que ver con sus capacidades o desempeño, se da el caso de que Lidia Granados obtuvo previamente el reconocimiento por el mejor promedio de la generación en la maestría con una puntuación de 9.69, misma que le permitiría seguir mejorando su formación en un Doctorado de Antropología Forense.
La estudiante denunció el abandono por parte de la UACJ tras lo sucedido, enfatizando que desde que entró a la maestría en 2015 lo hizo diciendo que quería cursarla “porque hay una necesidad muy fuerte de tener equipos forenses en Ciudad Juárez y por eso fui aceptada”. Obtuvo el promedio más alto del examen de acceso e incluso con anterioridad fue enviada por la universidad becada a Berlín para exponer su trabajo activista y actividad política.
Lidia lamentó el gran desconcierto en el que se ve sumida desde el 15 de marzo, ya que si bien por un lado universidad la alienta a trabajar en lo social y lo político, por el otro la Fiscalía no le permite entrar al SEMEFO y la priva de sus prácticas por activista, “entro en una neurosis, me vuelve loca no saber dónde estoy parada”.
Ya en medio de toda la problemática y como protesta ante la injusticia que la FGE cometía contra ella y sus tres compañeros, el 13 de abril Lidia Granados realizó una manifestación afuera de la Fiscalía General del Estado “porque resultó que el 13 de abril era inhábil por ser día santo, sabía que el Servicio Médico Forense iba a estar cerrado” y le hizo entrega de un pronunciamiento respecto al caso al Fiscal Zona Norte, Ulises Pacheco, que resultó un duro golpe mediático para la autoridad.
La próxima semana se cumplirán 15 días desde la entrega del pronunciamiento y hasta el momento no recibió una respuesta en persona por parte de la Fiscalía, si bien ésta de forma extraoficial hizo circular una información aclarando que ellos “no la habían sacado por activista, sino porque incumplía algunos requisitos de prácticas profesionales”.
A este respecto, Lidia denunció que nunca les hicieron firmar cartas de confidencialidad, “nunca se nos dijo nada, ni llevar nuestro currículum ni solicitud a ningún departamento de la Fiscalía”. Información ésta que le corroboró el propio coordinador de la maestría, quien le trasladó que no hubo oficios, todo fue de palabra.
Por todo ello, la estudiante afirmó sentirse afectada desde la propia coordinación de la maestría ya que son las autoridades académicas quienes “incumplen los requisitos”, dejando en la incertidumbre a ella y sus tres compañeros, que desde el 15 de marzo del presente año se encuentran sin poder ejercer las prácticas profesionales y ni tan siquiera reciben clases.
