Por: José Luis Rodríguez Chávez
El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anti-corrupción (SNA), como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes del gobierno. La meta del SNA es que sea presidido por los ciudadanos y servirá a los ciudadanos. Crea instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción. Se eliminarán los trámites innecesarios y hará que las contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia.
A casi dos años de esta propuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto, hay muchas indefiniciones en esta urgente necesidad en el país. No es posible que un tema tan amplio, quede en una participación tan mínima. Sería otra instancia más burocrática como las muchas ya existentes?
El control de un sistema nacional anti-corrupción no puede estar en manos del gobierno. Juez y parte. Debe ser un organismo completamente autónomo, independiente y ciudadano.
A nivel estado de Chihuahua, es urgente tener una verdadera instancia anti-corrupción. Frenar de tajo, los innumerables actos de corrupción que brotan como hongos minan y deterioran el desarrollo social y economico.
El pasado 5 de abril de 2016 (a punto de cumplirse un año), se finco denuncia penal por fraude bajo la averiguación previa 37-2016-0009311, en contra de los ex alcaldes Héctor Murguía Lardizábal y Enrique Serrano Escobar. Esto referente a la obra Plan de Movilidad Urbana (PMU), con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos y de los cuales se señalan actos de corrupción por más de 600 millones de pesos.
Por más de seis meses el entonces fiscal general Jorge González Nicolás, mantuvo congelada esta investigación. Fue en la actual administración estatal que el fiscal Cesar Augusto Peniche Espejel, destrabo esta denuncia de agravio ciudadano, en el pasado mes de noviembre. Como primer paso se citó a declarar al ex tesorero municipal Miguel Orta Vélez, el pasado mes de enero de 2017 (hecho que debió realizarse en mayo de 2016). Posterior a ello la fiscalía general zona norte, solicito al Congreso del Estado el contrato de dicha obra (municipio –contratista movicom). A un mes de esta solicitud entre la dependencia de procuración de justicia y el congreso estatal, la solicitud ahora duerme el sueño de los justos. Nuestros flamantes diputados juegan otras cartas, quizá referentes a su relección, sin atender las necesidades urgentes que hunden al estado de chihuahua.
Le recuerdo al gobernador Javier Corral Jurado, hablar de un sistema anti-corrupción es cosa seria y no solo discurso mediático.
