Por: Punto...
Chihuahua vuelve a estar en los medios nacionales, esta vez por la certificación de los penales, especialmente el de Ciudad Juárez, en donde, según el documento Privatización del Sistema Penitenciario en México, en el penal de Juárez reina la corrupción.
Y no es que sea la primera vez que se señalan a los penales de Chihuahua e nivel nacional, y en esta ocasión, el documento elaborado por Documenta / Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., Fundación para el Debido Proceso, Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, Universidad Iberoamericana Puebla, Instituto de Justicia Procesal Penal A.C., Madres y hermanas de la Plaza Pasteur y México Evalúa hace señalamientos duros en contra de los penales.
Algo que también señala el documento es que el que era Fiscal de Penas en Chihuahua Eduardo Guerrero Durán, fue nombrado por la empresa certificadora del ACA como presidente del capítulo México en el 2014.
"Es importante resaltar que los primeros centros acreditados del país fueron en Chihuahua en 2013 durante el mandato de Guerrero Durán, quien sigue siendo uno de los principales promotores de la acreditación de la ACA como estrategia para luchar contra el autogobierno en las cárceles. El día 7 de abril de 2016, en la audiencia “Derechos de las personas privadas de la libertad y privatización del sistema penitenciario en México”, el titular del OADPRS declaró haber renunciado al cargo de presidente de la ACA Capítulo México. Sin embargo, hasta el presente todavía aparece en el sitio de esta Asociación como miembro del International Corrections Committee", dice textualmente el informe.
Eso sí, algo que a decir de los entes que elaboraron el informe "resulta preocupante la doble posición de Guerrero Durán como comisionado de un órgano del gobierno federal (y anteriormente fscal de Ejecución de Penas del estado de Chihuahua) y presidente del Capítulo México, así como miembro de uno de los comités de una empresa que cobra entre 8 mil y 19 mil dólares por cada acreditación".
Según el documento la corrupción hace que a los familiares de los internos paguen 200 pesos para entrar comida, mil pesos para ingresar una parrilla, mil pesos para doce cervezas, de mil a 2 mil pesos para un calefactor, mil pesos para una televisión, de 5 mil a 10 mil pesos para un teléfono celular, ambién se pueden rentar por 2.50 pesos el minuto.
Prostitución, tráfico de drogas, tratos inhumanos e inclusive asesinatos, son los que se mencionan por parte del docuemnto, señalamientos que fueron recabados de testigos.
"Señalan que se tiene movimiento de drogas, señalando que el mismo gobierno lo hace Ahí adentro de las prisiones hay movimiento de drogas, hay movimiento de todo, que el mismo gobierno lo hace todo eso, y el mismo gobierno lleva y le entrega a una persona para que estén al cargo de todo el negocio de ellos, y esa persona le fía a toda la gente que quiere y si no paga, el mismo gobierno va y los golpea para que paguen todo el dinero", se encuentra plasmado en el documento.
