Por: Víctor M. Quintana S.
Lo que hace el Gobierno Federal con el caso Ayotzinapa, lo hace también, pero peor, el Gobierno de César Duarte con las desapariciones forzadas en Chihuahua. Cuando menos Peña Nieto ha reconocido la desaparición de los 43. Pero el Ejecutivo chihuahuense ni siquiera reconoce que en la entidad se cuentan ya más de mil 663 personas desaparecidas, el quinto lugar nacional, con una tasa de 42.12 por cada cien mil habitantes. Desaparece a los ya desaparecidos.
Desde hace tiempo el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) ha venido documentando y denunciando el hecho, al punto que para Amnistía Internacional hay dos casos emblemáticos de las desapariciones forzadas en México: el de Ayotzinapa y las 355 personas desaparecidas en Cuauhtèmoc. En esta localidad, la gran mayoría de los desaparecidos son jóvenes y, si se considera la tasa relativa de desapariciones, la cifra es espantosa: 212 por cada cien mil habitantes. Desde 2011 se encontraron en este municipio y otros aledaños 3 fosas clandestinas con millares de fragmentos óseos humanos calcinados. Desde entonces los familiares de las víctimas y quienes los acompañan empezaron a demandar justicia y peritajes científicos para determinar la identidad de los restos encontrados, antes que se extingan o sea imposible procesar la información genética.
Sin embargo, la perseverancia de las familias de las personas desaparecidas y de las y los defensores que las acompañan, no se ha doblegado. Han acudido a las instancias nacionales e internacionales y no han dejado de demandar que actúen las diversas instancias estatales y federales. Gracias a esto, desde fines de 2014 lograron acuerdos con el Gobernador y con la Fiscalía General del Estado para contratar los servicios del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para examinar los restos de las tres fosas clandestinas.
La Fiscalía General del Estado y el EAAF intercambiaron propuestas de contratos por más de un año, sin que se pudiera llegar a la concertación de las condiciones de participación, debido a las restricciones de la Fiscalía sobre el trabajo de las expertas tales como: la imposibilidad de acceder a los expedientes y la prohibición de transmitir resultados a las familias y a sus representantes legales. Aceptar tales condiciones iría en contra del propósito mismo de su intervención
A pesar de ello,el pasado 19 de marzo tras una reunión con familiares de desaparecidos, representantes legales, gente de la CEDEHM y el Movimiento de Mujeres., el Secretario de Gobierno, Mario Trevizo les garantizó la firma del convenio con el Equipo Argentino para el 1 de abril. Ese día, se hizo presente en Chihuahua la coordinadora del EAAF, Marcela Doretti para la firma del convenio prometido, pero, el Gobierno del Estado optó por la huida. El Secretario de Gobierno alegó que no podría recibirla porque “iba a atender a los productores agropecuarios” que estaban tomando las vías del ferrocarril y les pidió acudieran a la Fiscalía, pero en ésta ni siquiera se dieron por enterados y nadie quiso recibir a Marcela Doretti, ni a las familias de las víctimas, ni a los representantes del CEDEHM. Luego se supo que un día antes, la Fiscalía hizo llegar un correo electrónico al EAAF en el que les comunica que ya no lo a contratar para los peritajes
Lo que el Gobierno de César Duarte pretende esconder es lo que el CEDEHM ha documentado: que hay múltiples fallas, ausencia de protocolos, de bases de datos genética, insuficiencia de Agentes del Ministerio Público que realicen labores de investigación,(uno para 355 casos); nula labor de inteligencia y de coordinación de autoridades, etc.
Tanta incompetencia, tanta negligencia no son casuales. En el estado de Chihuahua, como en todo el país, hay una complicidad de los diversos órdenes del gobierno con el crimen organizado: pactos con los cárteles para que controlen porciones completas del territorio; política de “ni los veo ni los oigo” ante la oleada creciente de personas desplazadas de sus lugares de origen por los narcotraficantes; ante el reclutamiento forzoso de jóvenes serranos como sicarios; pago de cuotas de las mineras a los criminales con tal de que las dejen extraer la riqueza nacional en relativa paz. En este contexto de colusión, se explican las desapariciones forzadas como el artificio para “no calentar las plazas”. Las ejecuciones alarman a la opinión pública y no pueden disimularse; las desapariciones forzadas se pueden reducir al ámbito de la tragedia familiar, cuando mucho.
El Gobierno del Estado de Chihuahua ni siquiera se ha preocupado por construir “una verdad histórica” con relación a las desapariciones forzadas. Simplemente no le interesa ningún tipo de verdad.
