Denuncia madre presunto contubernio de personal de SEyD y CEDH para no proceder contra maestra y orientadora de Secundaria 3049 que suspendieron a sus hijos "por flojos" cuando requerían atención especial

Chihuahua, Chih.- Desde el pasado mes de febrero, la madre de familia chihuahuense Fátima Lizeth González Valenzuela, ha transitado y sigue haciéndolo por una auténtica odisea de impotencia después de que ninguna autoridad haya atendido sus reiteradas denunciar por el presunto trato inadecuado hacia sus dos gemelos por de la orientadora de la Secundaria 3049 y una maestra del plantel, que en lugar de facilitarles el servicio de USAER que requerían (eran atendidos por el DIF por un trastorno en el aprendizaje) optaron por suspenderlos y apartarlos de las clases"por flojos" y "huevones". Pese a las denuncias ante la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Educación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos e incluso la Secretaría de la Función Pública, ninguna prosperó, es más todas fueron dadas por cerradas, lo cual la quejosa considera una burla y la hacer preguntarse por qué el nivel de protección gozan las dos presuntas responsables.
 
"Se han estado burlando", empieza señalando la quejosa antes de entrar de lleno al relato cronológico de los hechos, cuyo origen afirma se remonta al día 5 de febrero de este 2019, día en que la orientadora de la Secundaria 3049, Mayra Lizbeth Quiroz Chávez, suspendió a sus dos hijos gemelos, los cuales cursaban Tercero, bajo el argumento de que eran muy flojos. Una valoración que señala fue avalada por la maestra Ana Laura Espino, que accedió a realizar unas relatorías reflejando que los dos hermanos "son unos flojos", apuntando que ya anteriormente le había dicho a la mamá que son "muy huevones".
 
En una relatoría de fecha 12 de diciembre de 2018 (De la cual se anexa imágen en la sección de fotos), la maestra recogió literalmente en uno de los casos:
 
"Es un alumno muy flojo, distraido y platicón. Trabaja poco o nada, sus trabajos son de baja calidad (fea letra, incompletos o hechos así nomás). Ya hablé mucho con él sobre la necesidad de mejorar y ponerle ganas, pero le gana la flojera y el juego".
 
Y en el de su hermano gemelo, que;
 
"Al igual que su hermano es muy flojo y con trabajos de mala o baja calidad, incompletos, mal elaborados o simplemente no hace nada. Le gusta mucho estar platicando y jugando en clase".
 
Fátima González prosiguió relatando que sus gemelos fueron suspendidos supuestamente por una semana a "educación a distancia" y fueron enviados a un asilo a  hacer servicio comunitario por 80 horas "como si fueran delincuentes", si bien precisa que se les hizo el condicionante de que su vuelta al plantel dependería de como trabajasen esa semana en la que debían estar yendo a la escuela por sus tareas, y que de no ser satisfactorio no se descartaba incluso un cambio de escuela. 
 
Ese mismo 5 de febrero, la madre de los gemelos, apunta que la hicieron firmar una "carta compromiso de cambio de conducta" de la que no fue enterada la directora del plantel, cuya rúbrica, por cierto, no aparece en las cartas que exhibió ante este medio.
 
La quejosa manifiesta que perdió el trabajo por estar con sus gemelos en casa durante la suspensión, y hace hincapié en que al momento de ingresar a la Secundaria sus gemelos, dos años y medio antes, ella presentó documentos oficiales que atestiguaban que ambos necesitaban una ayuda especial, y de que estaban siendo atendidos en el DIF por un trastorno en el aprendizaje, situación que les detectó desde la primaria uno de sus maestros.  
 
Fátima denuncia que desde el principio les dijo que necesitaban el apoyo de Usaer, pero que en la secundaria "nunca se la brindaron la ayuda, al contrario, siempre llamada tras llamada que mis hijos no querían trabajar", lamentando que las responsables del plantel nunca se dieron a la tarea de ver la causa del problema ni, por supuesto, atenderla.
 
La mamá afirma contar con amigos docentes, que ya en aquel momento le dijeron que a sus hijos no los podían correr del plante por esa causa y que les estaban negando la educación.
 
Ante esos consejos, refiere que fue de nueva cuenta a la escuela, pero esta vez directamente con la directora y ésta se sorprendió porque no sabía que los dos niños estaban suspendidos, se puso muy nerviosa, mandó llamar a la orientadora para que le diera una explicacion sobre por qué había tomado esa decisión sin haberla consultado como autoridad. Lejos de ello, asegura la narradora,  brincándose a la directora, la orientadora no hizo nada por buscar una solución o un entendimiento y habría respondido "a mí la ley me ampara para hacer eso. No obstante, destaca que de inmediato la directora canalizó a los dos adolescentes con el USAER.
 
Tras esta infructuosa reunión, Fátima González señala que se dirigió al Departamento de Atención a Padres de la SEyD, donde nada más un hombre tomó nota de su queja, y acto seguido fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y levantó la queja correspondiente el 21 de febrero.
 
Apunta que la atendió el visitador Benjamín Palacios, y que la citaron con el licenciado Fabio Sarracino, integrante de la Coordinación Jurídica de la SEyD, y con la propia orientadora Mayra Lizbeth Quiroz, haciéndola firmar un acuerdo conciliatorio supeditando a una serie de visitas periódicas al plantel por su parte a cambio de no suspender a los menores, y recibiendo del representante de la SEyD señalamientos del tipo "ya señora, ya cállese, ya la orientadora lleva instrucciones".
 
"Volví a Derechos Humanos, yo les dije que  eso había sido para mí una burla", prosigue, donde inicialmente fue atendida por Ernesto Garnica, el cual tras amenazarlo con llevar a los medios de comunicación, habría ordenado a Palacios que se reabriera el expediente, ella solicitó que se realizara una valoración a la maestra, resultando otra burla, ya que concluyó con una nueva acta circunstanciada en la que el visitador hace constar la fecha 14 enero de 2018 (un año antes de los hechos) y que al volver a casa encontró en su buzón la resolución de 14 de marzo de la CEDH en la que Palacios resolvió que no había nada que hacer porque había firmado la conciliación previa.
 
Para la quejosa, resultó más que evidente el contubernio existente entre Sarracino y Palacios, por lo que negándose a aceptar este nuevo carpetazo al caso volvió al Jurídico de SEyD, donde después de un primer momento en que no la querían atender, salió el Licenciado Juan Pablo Zapata a decirle que no podían hacer nada y que si tenía más pruebas que se las hiciera llegar.
 
Fátima señala que posteriormente volvió nuevamente, por tercera ocasión, a Derechos Humanos el 5 de abril y le asignaron un nuevo visitador, Alejandro Carrasco, quien sí está atendiendo el caso y habría enviado cinco avisos a Fabio Sarracino, "quien no quiere dar respuesta".
 
Durante todo ese tránsito relata que también se dirigió con un responsable de la SEyD quien directamente le habría dicho que no se iba a hacer nada, que la coordinadora estaba protegida por su papá que es del sindicato y que ya se iban a quedar así las cosas. 
 
Asimismo, manifestó que el 21 de junio presentó también una queja ante la Secretaría de la Función Pública, ésta sustentada con artículos del Marco Local de Convivencia Escolar del Estado de Chihuahua, pero lamenta que "se lavaron las manos y dijeron que no podían hacer nada". De igual modo, apunta que también obra queja al respecto en la plataforma de Atención Ciudadana de Gobierno del Estado, dependencia que sí le está dando seguimiento.
 
Pese a que sus hijos ya salieron de la secundaria, Fátima Lizeth González Valenzuela se niega a que el caso quede sin ninguna repercusión o sanción contra la orientadora y la maestra que tuvieron un trato inadecuado hacia sus hijos, a los cuales tampoco brindaron en su momento la atención especial que merecían, preguntándose cuál es el nivel de protección del que gozan que las autoridades no actuaron contra ellas e incluso prefirieron removier a la directora.