Chihuahua, Chih. - Mediante un comunicado de prensa la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) denuncia al sindicato de la CMIC debido a que está bloqueando las pequeñas obras que hay en el estado, se basaran en la ley para poner un alto.
A continuación, el comunicado:
Los empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Cd. Juárez y Chihuahua, manifiestan que ante la poca obra que se ha detonado en el Estado de Chihuahua, ésta ha sido atracada por el sindicato de la CTM, bloqueando la operación de la misma, ocasionando cuantiosas pérdidas al sector de la construcción y como consecuencia a todos los demás sectores.
Es de gran importancia mencionar, que este sindicato ha sido más escuchado por el Lic. Joel Gallegos Legarreta, Director General de Gobierno y Transporte, que a las empresas formales del sector de la construcción que se han acercado a solicitarle apoyo, derivando un perjuicio al gremio constructor y a la derrama económica del Estado de Chihuahua, en virtud de que varias obras han sido secuestradas sin ningún sustento legal, afectando directamente los avances de las mismas y provocando daños a los usuarios de las vías de comunicación.
Es importante mencionar que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Cd. Juárez y Chihuahua, ha sido insistente en la gestión de los recursos para el Estado de Chihuahua y ahora que son una realidad, de manera mínima, estas obras son detenidas por los Sindicatos, al no ceder a sus exigencias.
Ante esta situación y conforme al Artículo 280 del Código Penal del Estado de Chihuahua, se han presentado por parte de algunas constructoras la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes de Gobierno del Estado, obteniendo nulo resultado ante esta problemática. Artículo 280. A quien con actos materiales trate de impedir la ejecución de una obra o un trabajo públicos, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá hasta seis meses de trabajo a favor de la comunidad. Cuando el delito se cometa por varias personas de común acuerdo, se impondrá de tres meses a un año de prisión, si sólo se hiciere una simple oposición material sin violencia. En caso de existir violencia, la pena será de tres meses a dos años de prisión, sin perjuicio de las sanciones aplicables al delito que resulte cometido.
